El oficialismo logró evitar este miércoles la aprobación completa del proyecto que limita la facultad presidencial para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU), al conseguir el rechazo de un artículo clave que obligará a que la iniciativa vuelva al Senado para su revisión.

La Cámara de Diputados aprobó en general la ley que modifica el régimen de los DNU, estableciendo que ambas Cámaras del Congreso deben pronunciarse para ratificar los decretos, en lugar de solo una como establece la normativa vigente desde 2006. Sin embargo, en la votación en particular fue rechazado el artículo 3, que establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie, pasado el cual los decretos perderían validez automáticamente.

Para bloquear este artículo, el oficialismo contó con las abstenciones de tres diputados de la Coalición Cívica, el cambio de voto de dos legisladores de Coherencia, el rechazo de tres diputados del PRO, y las modificaciones en la posición de legisladores del MID y la UCR. Una diputada de Unión por la Patria se ausentó durante esta votación específica.

La norma aprobada establece además que cada decreto deberá referirse a un área en particular, evitando la mezcla de temas en un solo texto, como ocurrió con el DNU 70/23 de desburocratización del Estado que modificaba cientos de leyes en diferentes áreas.

Desde la Casa Rosada habían anticipado que el presidente Javier Milei vetaría la norma por considerar que "pone en juego la gobernabilidad". El hecho de que el proyecto deba volver al Senado significa un respiro para el oficialismo, ya que postergará un eventual veto presidencial para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En las filas libertarias esperan que la finalización de la campaña electoral les permita recomponer relaciones con gobernadores y ex aliados para frenar la seguidilla de reveses parlamentarios que vienen sufriendo desde hace meses.

El diputado de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, afirmó que la reforma busca "inmovilizar al Poder Ejecutivo" para "debilitar la gobernabilidad", calificando la medida como "oportunismo político" del peronismo.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro defendió la necesidad de la ley argumentando que los decretos "han sido la herramienta más destructiva para la libertad" y que sin límites "esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente".

El proyecto ahora regresa al Senado, que deberá decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o si insiste con su texto original, lo que extendería el trámite legislativo más allá de los comicios de octubre.