El Gobierno Nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que impide la sanción de normas que no cuenten con financiamiento asegurado y establece penas de prisión de hasta seis años para los funcionarios que apliquen leyes sin respaldo presupuestario.

La iniciativa, denominada "Ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria", fue girada anoche junto al Presupuesto Nacional 2026 y deberá ser tratada por las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda. El texto establece que "queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario".

Sanciones penales y mecanismos de ajuste

Uno de los aspectos más destacados del proyecto son las sanciones severas que aplica a funcionarios nacionales. El texto fija que será reprimido con "uno a seis años de prisión al funcionario que viola las normas establecidas en la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria".

Además, el proyecto habilita al Jefe de Gabinete a utilizar mecanismos de ajuste para evitar poner en riesgo el equilibrio fiscal: "Si durante la ejecución presupuestaria se produjere una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista, el Jefe de Gabinete de Ministros adoptará las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio".

Exigencias para nuevos gastos y nulidad de normas

La iniciativa establece que cualquier ley que "autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción".

Quedarán exceptuadas de esta obligación solamente aquellas leyes donde se asegure el financiamiento "mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado".

El proyecto también determina que todas las normas dictadas en violación a estas disposiciones "será declarada nula", estableciendo así un mecanismo de invalidación automática para las leyes que no cumplan con los requisitos de financiamiento.

Evaluación previa obligatoria

Otro punto fundamental del proyecto es el requisito de que todos los proyectos, antes de su tratamiento en comisión, cuenten con un informe del impacto presupuestario en el mediano plazo. Este informe será elaborado por el Ministerio de Economía para las iniciativas del Gobierno, y por la Oficina de Presupuesto del Congreso para las iniciativas legislativas.

La propuesta representa uno de los esfuerzos más significativos del actual gobierno por establecer reglas fiscales estrictas y mecanismos de control sobre el gasto público, aunque su aprobación parlamentaria enfrentará un debate complejo dada las implicancias constitucionales y penales que establece.