La Justicia Federal en Tucumán se encuentra en una etapa crucial de la investigación que involucra a exfuncionarios del municipio de Juan Bautista Alberdi, imputados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y confabulación por narcotráfico.

El exintendente Luis Campos será citado en los próximos días para ampliar su declaración indagatoria. En paralelo, un profesional médico evaluará las condiciones para conceder o denegar el arresto domiciliario al ex secretario de Hacienda, José del Carmen Roldán, quien se encuentra detenido.

La causa se inició en junio pasado, tras la viralización de un audio entre Campos y el empresario de la construcción Roque “Chipi” Jiménez. En la conversación, según la fiscalía, habrían quedado al descubierto presuntos vínculos con el narcotráfico e irregularidades en la obra pública.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sostiene la teoría de que los imputados –entre los que se encuentran Campos, su esposa y legisladora Sandra Figueroa, Roldán, el exsecretario de Desarrollo Social Juan Pablo Barrionuevo, el ex concejal Albano Loru y el propio Jiménez– utilizaron la estructura financiera del municipio para canalizar activos presuntamente originados en la distribución y comercialización de drogas.

Todos los imputados, que ya fueron indagados, han negado las acusaciones en su contra. Sus defensores solicitaron, sin éxito hasta el momento, la liberación de sus representados.

Como parte de las medidas de investigación, la Justicia Federal ordenó y concretó este martes el secuestro de varios vehículos vinculados a los acusados. Entre los bienes incautados figuran una camioneta Toyota Hilux, una combi Mercedes Benz y un cuatriciclo, presuntamente pertenecientes al matrimonio Campos. La denuncia presentada por Jiménez sugiere que algunos de esos bienes habrían sido adquiridos con cheques municipales.

Mientras la defensa de Campos afirma que su único patrimonio comprobable es una motocicleta, la investigación se centra en rastrear los bienes y los posibles flujos financieros que podrían vincular a los exfuncionarios con actividades ilícitas.

Se espera que en los próximos días el juez federal José Manuel Díaz Vélez resuelva la situación procesal de todos los imputados, definiendo el curso futuro de la causa.