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10 de septiembre de 2025

Una licencia y una camioneta oficial: los nuevos elementos en la causa por presunta venta de fallos

Mientras la defensa del imputado argumenta la imposibilidad material de la participación de la relatora, la querella y la fiscalía avanzan sobre el uso de un vehículo del Poder Judicial en los encuentros denunciados.

La investigación federal por presunto tráfico de influencias en el entorno del camarista Mario Leal incorporó un nuevo elemento today. La defensa de Luis Ontiveros, imputado como intermediario en una supuesta venta de fallos, presentó un escrito en el que alega la imposibilidad material de que Solana Casella –relatora del juez y esposa de Ontiveros– participara en el expediente cuestionado, al haber estado de licencia por maternidad durante el período señalado en la denuncia.

El documento, ingresado ante el Juzgado Federal N° 2 a cargo de José Manuel Díaz Vélez, detalla que Casella, quien también es candidata al Juzgado Federal N° 1, estuvo de licencia desde el 30 de enero hasta el 2 de junio de 2025, reincorporándose el 3 de junio. “Resulta materialmente imposible que haya gestionado cualquier trámite del expediente N° 5253/2022”, sostiene la defensa, en referencia a la causa que investiga a Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, hijo del denunciante y funcionario de ARCA.

La denuncia original, presentada por Martínez, asegura que Ontiveros le solicitó entre 80.000 y 100.000 dólares a cambio de un voto favorable de Leal en esa causa, en encuentros ocurridos en bares de Yerba Buena.

Pruebas y contrapuntos en la investigación

El fiscal federal Agustín Chit, a cargo de la pesquisa, ha descartado la participación de otra persona inicialmente señalada, Solana Caínzo, tras comprobarse que no tenía relación con los hechos.

No obstante, una de las pruebas que permanece en el centro de la investigación confirmó que, en una de las reuniones denunciadas, Ontiveros utilizó una camioneta Fiat Toro asignada oficialmente al camarista Leal. En un dictamen de mayo, el fiscal Chit estableció que Ontiveros mantenía un “vínculo personal no filial” con el magistrado, utilizaba una billetera virtual a su nombre y se movilizaba en el vehículo oficial. Si bien esto no implica una responsabilidad penal directa para Leal, el vínculo entre ambos quedó expuesto.

La querella, representada por el abogado Juan Andrés Robles, insiste en que Ontiveros tenía acceso privilegiado al camarista a través de lazos familiares y laborales, destacando que Casella y sus hermanos trabajan en el tribunal de Leal. Además, solicitó que se investigue si el magistrado demoró intencionalmente su voto en el expediente coincidiendo con el presunto pedido de dinero.

Frente a estas acusaciones, la defensa de Ontiveros, a cargo de Camilo Atim, sostiene que se trata de un “montaje” para perjudicar la carrera judicial de Casella y cuestionó la validez de las pruebas, señalando que un peritaje de Gendarmería Nacional consideró “inaudible” un audio presentado por el denunciante.

Estado de la causa y próximos pasos

El caso se encuentra en etapa de instrucción. El fiscal Chit aguarda los resultados del peritaje informático del teléfono celular secuestrado a Ontiveros, un procedimiento que ha sido objetado por la defensa, la cual también recusó al juez Díaz Vélez. Estos incidentes procesales serán resueltos por la Cámara correspondiente, de la cual el camarista Leal ya anunció que se excusará de intervenir.

En forma paralela, Solana Casella radicó una denuncia contra Martínez Salazar por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, en un intento por despejar las sospechas que afectan su postulación a un juzgado federal con competencia electoral.

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