La investigación por presunto tráfico de influencias que sacude a la Cámara Federal de Tucumán tuvo un nuevo desarrollo tras la presentación de la querella, que exhortó al fiscal federal Agustín Chit a acelerar las pericias cruciales para el caso. El abogado Juan Andrés Robles, representando al denunciante Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, solicitó que se profundicen las medidas de prueba, con especial foco en el análisis del teléfono celular incautado al abogado Luis Ontiveros y en la reconstrucción de los recorridos del vehículo oficial utilizado en las reuniones bajo investigación.

La causa se originó el 29 de abril de 2025, cuando Martínez Salazar, funcionario de ARCA, denunció que Ontiveros le habría solicitado 100.000 dólares para influir en el voto de un camarista en una causa que involucraba a su hijo. Investigaciones posteriores del fiscal Chit revelaron que Ontiveros mantenía un “vínculo personal no filial” con el camarista Mario Leal, utilizaba una billetera virtual a su nombre y se movilizaba frecuentemente en una camioneta oficial de la Corte Suprema asignada a esa Cámara.

En su último escrito, la querella instó a realizar búsquedas dirigidas en el teléfono de Ontiveros utilizando términos clave como “dinero” y “sentencia”, y a citar a testigos del ámbito judicial para clarificar los roles de cada involucrado. El planteo pone especial atención en la presunta demora en el voto del camarista Leal, que coincidiría temporalmente con el pedido de dinero, un punto que consideran vital para probar la hipótesis del intento de influencia.

Frente a estas acusaciones, la defensa de Ontiveros y de Solana Casella –relatora de Leal y su pareja– sostiene que se trata de un “montaje” para dañar sus trayectorias, presentando una contra denuncia por falso testimonio. Además, lograron paralizar temporalmente la pericia clave al recusar al juez interviniente, José Manuel Díaz Vélez, manteniendo la investigación en un punto crítico de espera.