La Justicia provincial investiga a un grupo de abogados por una presunta defraudación agravada contra la Caja Popular de Ahorros (CPA). La pesquisa, impulsada por el interventor de la entidad José Díaz, quien se constituyó como querellante, se centra en la presentación de juicios de amparo con información falsa para acceder a indemnizaciones indebidas por enfermedades laborales durante la pandemia de COVID-19.

El fiscal Diego Sebastián Hevia, a cargo de la investigación, explicó que el ilícito denunciado involucraría la falsificación de instrumentos y la presentación de información inexacta para inducir a error a la CPA y obtener un beneficio económico indebido. Los abogados Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval, Mariana Pérez Lucena y Carla Porta fueron imputados bajo la calificación legal provisoria de defraudación agravada y falsificación de instrumentos públicos.

Según la denuncia, todos los reclamos provendrían de un mismo estudio jurídico, "Sandoval & Campero", y presentarían irregularidades como hisopados falsos y declaraciones de empleadores que desconocen la presencia del trabajador en la fecha del presunto contagio. El abogado de la CPA, Juan Manuel Bernal, estimó que el monto de la presunta defraudación ascendería a más de $5.600 millones.

Carla Porta, actual Coordinadora del Renaper NOA Tucumán y militante de La Libertad Avanza, negó categóricamente su participación. Declaró que desde 2020 no ejerce como litigante, no conoce a los otros abogados imputados y que su nombre fue asociado a la causa de manera infundada, sugiriendo motivaciones ajenas al ámbito judicial.