La regulación de Uber, Didi y Cabify en San Miguel de Tucumán sigue en pausa, con el Concejo Deliberante postergando el debate hasta después de las elecciones de octubre por su alto costo político. Mientras tanto, el Instituto IDESA propone un giro radical: modernizar el sistema de transporte eliminando regulaciones obsoletas en taxis en lugar de imponerlas a las apps. "Prohibirlas no mejorará el servicio tradicional", advierte Virginia Giordano, jefa de Investigaciones del think tank.

El proyecto municipal —respaldado por la intendenta Rossana Chahla— exige a las apps inscripción municipal, seguros, revisiones técnicas y pago de tributos, pero enfrenta críticas por carecer de un régimen sancionatorio claro. Giordano cuestiona replicar este modelo: "El sistema actual de taxis es caro e ineficiente por exceso de trámites. ¿Por qué no liberar tarifas y cupos?". Señala ejemplos como Mendoza, donde Uber opera bajo un marco específico sin asfixiar la innovación.

En Tucumán, los taxis lograron un aumento del 50% en tarifas (banderazo a $900), pero persiste el rechazo a las apps. IDESA argumenta que la competencia podría forzar mejoras: "Autos viejos, choferes mal pagos y usuarios frustrados son resultado de un laberinto regulatorio". Propone digitalizar trámites, facilitar créditos para renovar flotas y flexibilizar normas, como en Salta, donde taxis y apps coexisten.

La discusión refleja dos visiones: una que busca controlar las plataformas y otra que las ve como oportunidad para reformar un sistema "agotado". Con el Concejo en stand-by, Tucumán pierde la chance de liderar un cambio que, según IDESA, beneficiaría a todos: "El destino final debe ser el usuario, no proteger modelos obsoletos".