La Justicia intimó a Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa Vialidad a pagar $684.000 millones en concepto de decomiso por las maniobras fraudulentas comprobadas en el caso. A la ex presidenta le corresponden $42.000 millones, y todos tienen 10 días hábiles —hasta el 13 de agosto— para depositar el dinero en una cuenta del Banco Nación. De no cumplir, se rematarán los bienes embargados a su nombre.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elaboraron un detallado listado de bienes de los condenados, incluidos los de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Entre ellos figuran cuentas bancarias, plazos fijos, propiedades en Recoleta y Santa Cruz, y sociedades como Hotesur y Los Sauces SA, muchas de las cuales fueron transferidas a sus herederos en 2016. "Los bienes donados también están cautelados y pueden ser ejecutados", aclararon fuentes judiciales.

El monto del decomiso se calculó en base a los sobreprecios en las obras públicas asignadas a Lázaro Báez, cuyo grupo empresarial Austral Construcciones recibió el 80% de los contratos viales en Santa Cruz. La Justicia determinó que el Estado pagó, en promedio, un 20% más por licitaciones direccionadas, con obras que en muchos casos nunca se terminaron.

La ex mandataria, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, declaró en 2023 un patrimonio de solo $249,4 millones, mayormente en acciones internacionales. Sin embargo, investigaciones revelan que su fortuna creció exponencialmente durante sus gobiernos, pasando de $7 millones en 2003 a más de $72 millones en 2015, gracias a negocios con Báez y operaciones inmobiliarias.

El próximo paso será la ejecución judicial si no se abona el decomiso. Mientras tanto, los bienes —incluidos el hotel Los Sauces y departamentos en Recoleta— permanecen embargados. Este fallo marca un hito en la causa que expuso el entramado de corrupción entre el poder político y empresarial durante el kirchnerismo.