"Apuesto 100 mil a 1 que todos saben lo que voy a hacer: vamos a vetar". Con esa contundencia, el presidente Javier Milei confirmó desde la Bolsa de Comercio que rechazará el paquete jubilatorio aprobado por el Senado, en lo que representa la mayor pulseada institucional de su gobierno. El mandatario tildó la medida de "acto de desesperación" de una oposición que, según él, "sabe que en octubre la libertad arrasará".

El anuncio presidencial llega horas después de que la Cámara alta, con 52 votos a favor, convirtiera en ley el aumento del 7.2% a haberes, la suba del bono de $70.000 a $110.000 (con cláusula de ajuste automático) y la moratoria previsional por dos años. Milei adelantó que incluso si el Congreso insistiera con los 2/3 necesarios, "lo judicializaremos", confiando en que eventuales fallos adversos solo generarían "una mancha reversible el 11 de diciembre" -fecha clave tras las legislativas-.

El discurso incluyó duras metáforas belicistas: "Los puñaladas existen, pero nuestra macroeconomía es el chaleco antibalas". Esta frase, interpretada como un mensaje a gobernadores e incluso a la vicepresidenta Villarruel -a quien el oficialismo culpa por no bloquear la sesión-, refleja la estrategia de confrontación total del Ejecutivo. Según fuentes de la Rosada, consideran que el paquete jubilatorio "destruiría el superávit fiscal" al convertir el bono en derecho permanente y reabrir las moratorias.

La oposición celebra haber logrado una coalición inédita (peronistas, radicales, PRO disidente y provinciales) que superó el veto anunciado. "Es un triunfo de los que no se resignan al ajuste sobre los más vulnerables", afirmó el senador Martín Lousteau. Sin embargo, el Gobierno insiste en que los números no cierran: según sus cálculos, las medidas costarían $4,3 billones anuales (1,5% del PBI), financiados con eliminación de exenciones a empresarios y fondos de la SIDE.

El conflicto entra ahora en una fase crítica: el veto deberá publicarse en el Boletín Oficial en 72 horas hábiles, tras lo cual el Congreso tendrá 10 días para insistir. Analistas anticipan una batalla legal sin precedentes, donde la Corte Suprema podría terminar decidiendo sobre la validez de la sesión y el alcance de las facultades presidenciales. Mientras, 7 millones de jubilados quedan en el medio de esta guerra de poderes.