El presidente Javier Milei lideró este martes una reunión de Gabinete —la más extensa desde mayo, con 2 horas y media— para definir la estrategia tras el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga a Argentina a transferir el 51% de YPF a los acreedores. Ministros clave como Luis Caputo (Economía) y Santiago Bausilli (BCRA) participaron, aunque evitaron declaraciones al salir. Fuentes oficiales confirmaron que el eje fue la apelación urgente al fallo, que da solo 14 días para cumplir la orden.

El escenario es complejo: la Procuración del Tesoro, representada por Santiago Castro Videla, deberá actuar pese a su conflicto de intereses (su exestudio defendió a Burford Capital). Los subprocuradores Julio Comadira —experto en arbitrajes internacionales— y Juan Stampalija tomarán la posta, junto a la secretaria María Ibarzábal, excolaboradora del procurador de Macri. Expertos como Bernardo Saravia Frías sugieren que Argentina podría reducir los USD 16.000 millones de la condena al cuestionar el cálculo basado en tipos de cambio obsoletos.

En paralelo, el Gobierno evalúa acercamientos a Burford Capital, cuyo lobbyista Gerardo "Gerry" Mato —vinculado a asesores de Milei— ya se reunió en 2024 con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Mato fue anfitrión de un encuentro clave en 2023 entre empresarios estadounidenses y economistas libertarios. Sin embargo, Milei mantiene su postura de no negociar, como reflejó su enérgico mensaje contra Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la expropiación "fallida" de 2012.

La pulseada legal se da mientras el equipo económico intenta blindar activos ante posibles embargos. El fallo ya impactó en Wall Street: las acciones de YPF cayeron 5,6% ayer. Aunque la apelación comprará tiempo, analistas advierten que el Gobierno deberá definir si busca un acuerdo extrajudicial o arriesgarse a un largo litigio que podría extenderse hasta 2026, con consecuencias para la inversión en Vaca Muerta.