Las autoridades del Colegio Nacional están siendo investigadas por no haber informado a la Justicia la identificación de al menos cuatro alumnos que habrían sido los autores de amenazas de bomba que generaron la evacuación del establecimiento educativo y la suspensión del dictado de clases.

El caso es manejado en reserva por la fiscal Mariana Rivadeneira. Se pudo conocer que al menos una autoridad del establecimiento educativo fue citada a Tribunales para que diera explicaciones sobre esta situación.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigadora descubrió extraoficialmente que las autoridades del Nacional realizaron averiguaciones internas sobre una de las amenazas que recibió el centro educativo en los últimos meses, aunque no se sabe en qué fecha fue. Luego de haber identificado a los autores, a dos menores y dos mayores, le habrían firmado el pase para que continuaran con sus estudios en otro lugar.

Por ese motivo, Rivadeneira citó a la directora para que brindara información sobre este caso. La mujer se presentó y confirmó la versión. Habría indicado que las autoridades habían decidido actuar institucionalmente y que decidieron no dar a conocer los pasos que habían tomado para proteger a los alumnos porque dos de ellos eran menores de edad.

En Tribunales le explicaron a la responsable de la institución que esa era una decisión que debía tomar la justicia y que los supuestos autores, sin importar su edad, debían afrontar un proceso penal porque habrían cometido un delito. También le aclararon que hay leyes que protegen sus garantías. Por esa razón, intimó a la directora que enviara los legajos de los sospechosos y le advirtió que analizaría para determinar si su conducta no habría entorpecido la investigación del caso.

Esta no es la primera vez que el Colegio Nacional aparece en el marco de las investigaciones por la ola de amenazas de bomba. La única mujer acusada que se encuentra detenida en una comisaría es la madre de dos alumnos de ese establecimiento. Rivadeneira descubrió que desde la línea de celular de la imputada se había realizado un mensaje intimidatorio, por lo que la acusó de intimidación pública y consiguió que la jueza Valeria Mibelli le dictara prisión preventiva por 90 días y que inhibieran sus bienes por $3 millones.

El caso desató una polémica en los Tribunales. La responsable de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia María Laura Ciolli envió una nota a la auxiliar fiscal Mónica Torchán que realizó la acusación para que aplicara perspectiva de género en este expediente, ya que consideró excesiva la medida cautelar que se tomó contra la imputada.

No trascendió si los alumnos sancionados fueron los autores de la amenaza por la que fue imputada esta mujer, ya que ella en la audiencia donde le formularon los cargos señaló que los compañeros de su hijo habrían sido los autores. Todo indicaría que su situación procesal podría mejorarse.

Este no es el único caso de estas características. Rivadeneira ya les anunció a dos autoridades del colegio San José de Calazans que abrió una investigación en su contra por encubrimiento. La representante del Ministerio Público Fiscal confirmó que habían sancionado a un alumno por haber realizado una amenaza de bomba en el establecimiento educativo y que no realizaron ninguna comunicación a la Justicia.

El 18 de mayo, a través de una llamada telefónica, una persona realizó un mensaje intimidatorio que generó la evacuación y la suspensión del dictado de clases en la institución .

Por este caso fue imputada por intimidación pública la madre de un alumno, pero continúa el proceso en libertad.

Las autoridades del colegio informaron que una semana después de haber recibido el mensaje intimidatorio, identificaron al responsable. Relataron además que se contactaron con el padre del autor de la falsa alarma, quien fue suspendido por dos días y tuvo que realizar trabajos comunitarios, según lo indica el acuerdo escolar de convivencia de la institución. Luego fue enviado, junto a nueve compañeros más, al 911 por medio de la Secretaría de Participación Ciudadana y la experiencia que vivieron la transmitieron a sus compañeros en una charla que contó con la participación de los estudiantes del colegio.

Luego Rivadeneira pidió a las autoridades que presentaran toda la documentación que habían realizado sobre este caso. Al comprobar su veracidad, les informó que serían investigadas por encubrimiento. La situación procesal de la mujer también podría mejorar por esta nueva línea investigativa.

“No puede ser que las autoridades de los colegios no informen de estos casos. Hay investigaciones abiertas que pueden cerrarse mucho más rápido si es que ellos brindan esa información”, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal. “Podría haber gente inocente procesada porque ellos no comparten los datos que tienen”, añadió.

No se descarta que en las próximas horas el MPF envíe un oficio al Ministerio de Educación para que informe si otros establecimientos educativos resolvieron los casos tomando medidas internas sin que hayan sido comunicadas a las autoridades judiciales.

Por otra parte, los efectivos de la División Cibercrimen secuestraron dos celulares con chip en una causa en la que se investiga una amenaza de bomba en el colegio San Carlos, ubicado en el centro capitalino.

Los teléfonos móviles fueron incautados el miércoles en un allanamiento realizado en un domicilio de la localidad de Los Ralos, en una medida que fue autorizada por la jueza Isabel de los Ángeles Méndez. Según confirmaron fuentes cercanas a la pesquisa, allí reside el titular de la línea telefónica investigada en una causa abierta por intimidación pública. 

El 18 de agosto pasado, las autoridades del colegio San Carlos, ubicado en calle Virgen de la Merced al 400, habían recibido una amenaza de bomba a través de un mail. Inmediatamente, intervinieron personal policial y bomberos para desalojar el establecimiento y aplicar el protocolo que se venían utilizando en estos casos y que generaban la evacuación de los estudiante y la posterior suspensión del dictado de clases.

Esta causa es investigada por el fiscal Carlos Picón que colabora con su par Mariana Rivadeneira. Los investigadores solicitaron informes a las empresas Google y Claro que luego fueron remitidos al Departamento de Inteligencia Criminal.  La medida judicial fue dirigida por los comisarios Héctor Marín, Héctor Vizcarra y Omar Soria. Los celulares ya están siendo peritados por los profesionales del Equipo Científico Fiscal.

Desde abril y hasta la fecha son más de 130 los expedientes que se abrieron por estos mensajes intimidatorios. Ayer se recibió una amenaza en la Legislatura, pero no hubo evacuados ni se suspendieron las actividades.

Fuente: La Gaceta