La investigación por la mayor incautación de cocaína en la historia reciente de Tucumán sumó este martes dos nuevos detenidos y dejó al descubierto una trama que conecta el tráfico de drogas con concesionarias de automóviles y un historial de lavado de activos. Los arrestos fueron ejecutados por Gendarmería Nacional en San Miguel de Tucumán y Famaillá, en el marco de la causa que impulsa el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz tras el decomiso de 470 kilos de estupefacientes sobre la ruta nacional 157.

Los nuevos imputados son Enrique Santos Catulo y su hijo, Ernesto Catulo Chamas. El primero arrastra una condena de 2017 por integrar una asociación ilícita dedicada al blanqueo de dinero sucio vinculado al narcotráfico, en el recordado juicio contra el clan Ale. Su hijo, en tanto, ya había sido mencionado durante aquel debate oral aunque no llegó a ser formalmente acusado en esa oportunidad.

La causa tuvo su origen el viernes 5 de junio, cuando un control de rutina efectuado por gendarmes sobre la ruta 157, a la altura de Río Seco, derivó en un hallazgo de magnitud. El conductor de una camioneta, identificado como Marcos Nacif, evidenció un notorio estado de nerviosismo que motivó una requisa más profunda del vehículo. En su interior, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos, lo que transformó un procedimiento ordinario en una de las pesquisas más relevantes de los últimos años en la provincia.

A partir de esa intercepción, la fiscalía federal encabezada por Vehils Ruiz desplegó una serie de medidas que condujeron a nuevas capturas. Días más tarde fue detenido Rodrigo “Icha” Chávez, un ex candidato a concejal por Famaillá que regentea una verdulería en esa ciudad. Poco después, el empresario famaillense Pablo Abraham se entregó voluntariamente al enterarse de que pesaba sobre él una orden de detención.

Durante su declaración indagatoria, Nacif afirmó que lo habían contratado para realizar un flete, pero aseguró desconocer qué mercadería transportaba. El acusado es tío de Jorge “Pelaín” Nassif, quien se encuentra encarcelado en otra investigación donde se lo señala como proveedor de drogas para bocas de expendio situadas en el sur tucumano y en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Chávez, por su lado, negó cualquier participación en la maniobra. A través de su defensor, Benito Allende, admitió haber sido dueño de la camioneta secuestrada, pero explicó que se la había cedido a Abraham como parte de pago por un vehículo similar y que jamás completó los trámites registrales correspondientes.

Abraham, asistido por el letrado Ernesto García Biagosch, resolvió no contestar preguntas hasta acceder en detalle a las pruebas acumuladas en el expediente.

Con el avance del proceso, el fiscal ordenó allanamientos simultáneos que se concretaron en la noche del domingo. Dos de ellos se llevaron adelante en Famaillá: uno en un restaurante y espacio bailable asociado a Abraham, y otro en un galpón perteneciente a su compañía de transportes. En esos lugares los investigadores incautaron computadoras y documentación de interés, aunque no hallaron armas ni drogas.

Los procedimientos continuaron el lunes con nuevas diligencias. Una de ellas tuvo lugar en una concesionaria de la calle San Martín al 1.000, en la capital tucumana. Allí los efectivos secuestraron un celular, un automóvil y confeccionaron un registro detallado de los 15 vehículos que se encontraban en el predio. La concesionaria quedó, además, clausurada por orden judicial.

Fue en ese operativo donde se produjo la detención de Enrique Santos Catulo. De acuerdo con lo que surge de la sentencia de 2017 contra el clan Ale, ese comercio era utilizado por Catulo para canalizar y dar apariencia legal a ingresos provenientes de la estructura comandada por Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale.

En simultáneo, Gendarmería allanó un departamento de calle Balcarce al 600, en pleno barrio Norte tucumano. En el lugar se incautaron un vehículo, cheques de diversos montos y papeles que los pesquisas consideran relevantes. Allí quedó detenido Ernesto Catulo Chamas.

Voceros judiciales confirmaron la realización de otros dos allanamientos adicionales: uno en un domicilio de calle San Juan al 1.300, en San Miguel de Tucumán, y otro en un local situado sobre la ruta 301, en Famaillá, que también estaría relacionado con Abraham. En ambos casos, los rastrillajes finalizaron sin resultados significativos para la causa.

Con apenas doce días transcurridos desde el secuestro de la droga, los interrogantes abiertos siguen siendo múltiples. Los investigadores intentan dilucidar si el cargamento llegó efectivamente por vía aérea y hacia dónde se dirigía. También procuran establecer quiénes eran los dueños reales de la cocaína y qué función específica cumplía cada uno de los seis implicados hasta ahora.

Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es la recurrente aparición de concesionarias y transacciones ligadas a la compraventa de automotores. Jorge “Pelaín” Nassif ya había declarado en un debate oral previo que se dedicaba a esa actividad. Chávez, a su vez, apuntó que Abraham también desenvolvía negocios en ese rubro. Ahora, la Justicia advierte que los Catulo —padre e hijo— igualmente están vinculados con el comercio de vehículos.

Esa persistente coincidencia llevó a profundizar la pesquisa sobre la posible utilización de concesionarias, firmas y emprendimientos comerciales como estructuras para justificar movimientos financieros y eventualmente introducir en el circuito legal fondos derivados del narcotráfico.

La fiscalía federal, por el momento, mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Lo que empezó como un procedimiento de tránsito en una ruta del este tucumano se ha convertido en un entramado judicial complejo que incorpora nuevos protagonistas día tras día, expande el mapa de relaciones bajo sospecha y pone al descubierto las posibles conexiones entre el tráfico de drogas, los negocios privados y el flujo de sumas millonarias de dinero.