El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles 22 de julio el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso con el objetivo de modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La propuesta buscará revisar algunos de los criterios incluidos en la ley sancionada a comienzos de 2026, luego de los cuestionamientos formulados por profesionales de ciencias económicas sobre las condiciones para acceder al régimen y conservar sus beneficios.

Uno de los cambios centrales será la posibilidad de rectificar las declaraciones juradas cuando ARCA detecte inconsistencias. De acuerdo con la iniciativa, los contribuyentes no quedarían automáticamente excluidos del sistema simplificado si corrigen las diferencias y regularizan su situación.

El proyecto también propondrá eliminar los límites de ingresos y patrimonio establecidos para ingresar al régimen. La legislación vigente contempla la adhesión de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que, durante los tres ejercicios fiscales considerados, hayan declarado ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, siempre que no estén incluidas por ARCA entre los grandes contribuyentes nacionales.

La reforma aprobada a comienzos de año había habilitado, además, la utilización de ahorros por hasta $100 millones sin sanciones fiscales para quienes cumplieran con las condiciones previstas por el régimen.

Otro de los puntos del anteproyecto dispone que, hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados por contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud contemplada en la ley conservarán un tratamiento especial.

La iniciativa también pretende limitar las facultades de impugnación sobre las declaraciones juradas. ARCA solamente podría objetarlas cuando cuente con información objetiva que permita demostrar la existencia de diferencias significativas.

El texto contempla, asimismo, la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado previamente ajustes vinculados con Ganancias o con el Impuesto al Valor Agregado y posteriormente se incorporen al régimen simplificado.

Los cambios introducidos por la primera ley

La normativa que el Gobierno pretende modificar reformó el Régimen Penal Tributario y elevó los montos mínimos necesarios para que determinadas irregularidades sean consideradas delitos fiscales.

En los casos de evasión simple, el límite pasó de $1,5 millones a $100 millones. Para la evasión agravada, el piso aumentó de $15 millones a $1.000 millones.

La ley también actualizó los montos correspondientes a conductas vinculadas con el uso de facturas apócrifas, la apropiación de impuestos retenidos y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.

Otra disposición permite que ARCA se abstenga de efectuar una denuncia penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la apertura de una causa judicial o cancele la deuda, junto con sus intereses y recargos, dentro de los plazos previstos.

La reforma redujo además a tres años el período durante el cual el organismo recaudador puede fiscalizar operaciones no declaradas, reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o promover denuncias.

La prórroga de Ganancias y los reclamos profesionales

El anuncio de Inocencia Fiscal II se producirá después de que el Gobierno prorrogara hasta el 27 de agosto la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025 para personas humanas.

La fecha de pago, sin embargo, se mantuvo para el 27 de julio. También fue trasladado a septiembre el vencimiento del primer anticipo del tributo.

La decisión se tomó luego de reuniones entre el Ministerio de Economía, ARCA y los consejos profesionales de ciencias económicas. Los contadores habían solicitado una extensión de los plazos y modificaciones en el régimen simplificado debido a dificultades operativas y al riesgo de que los contribuyentes perdieran sus beneficios por diferencias detectadas en sus declaraciones.