La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia ratificó la sentencia que obliga a la Argentina a afrontar un pago superior a los US$390 millones en el litigio vinculado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.

La resolución favoreció al fondo Titan Consortium, que adquirió los derechos económicos derivados del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), luego de la cesión realizada por Teinver y otros demandantes.

El conflicto judicial tiene su origen en la expropiación de la aerolínea de bandera dispuesta en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Años más tarde, en 2017, el tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina al pago de aproximadamente US$321 millones, además de intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Tras el pedido de anulación presentado por el Estado argentino, el laudo quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium inició en 2021 el proceso para obtener el reconocimiento y la ejecución de esa decisión arbitral ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La discusión sobre la prescripción

Durante el trámite judicial, la Argentina sostuvo que el reclamo estaba alcanzado por un plazo de prescripción de tres años. Sin embargo, en 2024 la Corte de Distrito rechazó ese planteo y concluyó que el plazo aplicable era de doce años.

En esa misma decisión, el tribunal reconoció el laudo del CIADI y fijó el monto de la condena en US$390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024, además de los intereses posteriores a esa fecha.

El Estado argentino apeló ese criterio, insistiendo en la aplicación del plazo de tres años. No obstante, la Cámara de Apelaciones confirmó ahora el fallo de primera instancia, validó el plazo de doce años y dejó firme la obligación de pago por un monto superior a los US$390 millones.

La respuesta de la Procuración del Tesoro

Tras conocerse la decisión judicial, desde la Procuración del Tesoro señalaron que el Gobierno se encuentra evaluando las alternativas disponibles para responder a la sentencia.

Según informaron, actualmente analizan "todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia".

Además, sostuvieron que el litigio tiene origen en "la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos".