La polémica generada en torno al proyecto presentado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse para incorporar una medida cautelar vinculada a publicaciones en redes sociales sumó este viernes una definición política de peso. Desde el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo señalaron que la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa y que no existen previsiones para su tratamiento en el corto plazo.

La aclaración surgió luego de los cuestionamientos formulados por dirigentes de la oposición y referentes de La Libertad Avanza, quienes expresaron preocupación por los alcances de la propuesta. Frente a esas críticas, desde la Vicegobernación remarcaron que el expediente, si bien cuenta con dictamen de comisión, no fue incorporado a Labor Parlamentaria ni incluido en el orden del día de las sesiones ordinarias celebradas hasta el momento.

Según indicaron fuentes cercanas a Acevedo, el presidente de la Legislatura ya manifestó en distintas oportunidades que el tema no integra las prioridades parlamentarias actuales. En ese sentido, insistieron en que no existe ninguna instancia concreta de debate prevista dentro del cuerpo legislativo.

El proyecto impulsado por Vargas Aignasse busca crear un mecanismo judicial para actuar frente a publicaciones consideradas agraviantes en plataformas digitales. La iniciativa obtuvo despacho favorable en comisión y plantea que una persona que considere afectados su honor, imagen o reputación pueda recurrir ante un juez para solicitar una medida cautelar.

En medio de la controversia, el propio Vargas Aignasse salió a aclarar que la propuesta aún forma parte del trámite parlamentario habitual y que no existe ninguna ley sancionada sobre la materia. Además, recordó que desde la obtención del dictamen se realizaron dos sesiones ordinarias sin que el expediente avanzara hacia una discusión en el recinto.

El legislador también sostuvo que cualquier eventual aprobación requeriría el debate y el acompañamiento de la mayoría de los 49 integrantes de la Cámara, por lo que rechazó las interpretaciones que presentan la iniciativa como una decisión ya adoptada por la Legislatura.

Mientras continúa el debate público sobre los límites entre la protección de derechos individuales y la libertad de expresión en entornos digitales, desde la conducción legislativa procuraron bajar el tono de la discusión al dejar en claro que el expediente no figura entre los temas que serán abordados por el Parlamento tucumano en el futuro inmediato.