Un día después de que el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobara una suba del 36 por ciento en la tarifa de colectivos, el edil de la Unión Cívica Radical José María Canelada salió este viernes a cuestionar con dureza la gestión del sistema de transporte y a revelar intentos de las empresas por condicionar al cuerpo legislativo. Durante una entrevista con Bisturí | Periodismo al Hueso, Canelada —que junto a su par Gustavo Cobos comandó el voto en contra— sostuvo que el municipio se limita a reflejar los reclamos de las patronales sin ejercer su función de contralor, y reclamó la inmediata remisión de los pliegos para convocar a una licitación pública de alcance nacional e internacional que saque al sistema metropolitano de la irregularidad jurídica.

El concejal valoró que la votación no haya sido unánime y que otros legisladores se hayan sumado al rechazo, algo poco frecuente en la historia del cuerpo. “Siento que el hecho de que otros concejales se hayan sumado a esta posición de defensa del usuario y de crítica a la calidad del servicio es un paso adelante”, afirmó.

Canelada insistió en que la discusión quedó incompleta porque se centró solo en el precio del pasaje y dejó afuera al actor principal. “Ir a discutir únicamente el precio de un boleto es un debate incompleto, parcial, y que solo le interesa a uno de los actores de la ecuación. El verdadero dueño del servicio son los usuarios: el laburante que espera el bondi a la mañana, el estudiante que va a la escuela o el jubilado que asiste a un hospital”, describió.

En esa línea, el edil remarcó que la elevada abstención de sus pares en otros momentos contrastaba con las promesas de reforma que nunca llegan. “Antes escuchábamos muchas voces que decían lo mismo en los micrófonos pero después levantaban la mano a favor de las empresas; que ahora más voluntades se hayan plantado firmes me parece una pauta excelente”, señaló, y añadió que en el recinto se ventiló el mal estado de las unidades, el incumplimiento de las frecuencias y el padecimiento de los pasajeros en invierno.

Canelada trasladó la responsabilidad al oficialismo municipal y provincial, al que acusó de actuar como “caja de resonancia” de los empresarios. “Controlar la calidad del transporte es un resorte directo del municipio. Garantizar que el servicio sea digno es su tarea, como lo es también garantizar auditorías serias para que los empresarios dejen de llorar cada cinco meses con que se están fundiendo”, sostuvo.

El radical puso en duda la veracidad de los informes de costos que las compañías acercaron durante el debate en comisión y aclaró que los subsidios no provienen del patrimonio personal del gobernador Osvaldo Jaldo, sino de fondos públicos.

Uno de los episodios más graves que relató ocurrió durante el tratamiento de la ordenanza tarifaria: los transportistas remitieron una carta documento al Concejo Deliberante con la que intentaban pautar qué documentación debía ser analizada y cuál debía excluirse por considerarla incorrecta, a la vez que presionaban para acelerar la resolución. “Los firmantes se consideraban por encima del órgano democrático elegido por los vecinos; ese es el nivel de locura con el que se manejan”, denunció Canelada, que le solicitó al presidente de la comisión de Transporte que le facilite copia de esa comunicación.

El concejal también recordó el rol que jugaron las unidades de colectivo en la campaña electoral de 2023. “La gran mayoría de las unidades en San Miguel de Tucumán se transformaron en unidades básicas que hacían campaña abierta por Sergio Massa, alineado con Manzur. El propio Jorge Berreta salió a defender el derecho de las empresas a hacer política”, evocó, y vinculó ese antecedente con la falta de voluntad del Ejecutivo para sancionar o caducar concesiones. “Cuando no hay respuestas y las soluciones se patean permanentemente, uno empieza a mirar las cosas con desconfianza”, apuntó.

Sobre el futuro, Canelada informó que junto a Cobos ingresaron notas y proyectos de resolución para exigir un cronograma de regularización y la elaboración de pliegos que habiliten un llamado a licitación pública nacional e internacional. “La normativa vigente establece con claridad que la elaboración de los pliegos es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Hoy tenemos líneas operando en una situación de total precariedad jurídica”, afirmó, y lamentó que desde 2024 no se hayan habilitado para tratamiento cuatro expedientes de autoría radical que contienen propuestas de reforma y el pedido formal de esos pliegos.

El edil concluyó que el transporte debe ser encarado con una mirada metropolitana, del mismo modo que se coordina la gestión de los residuos sólidos urbanos. “No hay derecho a seguir haciendo macanas con la vida de la gente; hay que tomar decisiones responsables que impacten positivamente en los servidores del futuro”, cerró.