El proyecto de ley que propone crear una herramienta judicial para actuar frente a casos de violencia digital volvió a generar debate en Tucumán. Esta vez fue su autor, el legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse, quien salió a responder públicamente a las críticas y cuestionamientos que recibió la iniciativa, mientras desde sectores cercanos al vicegobernador Miguel Acevedo comenzaron a transmitir señales de cautela respecto de un eventual avance parlamentario.

A través de un comunicado difundido bajo la consigna "Defendemos la libertad de expresión. No la de la mentira", el parlamentario peronista buscó despejar las críticas que señalan al proyecto como una posible herramienta de censura. En ese marco, remarcó que la propuesta aún se encuentra en etapa de análisis legislativo y que no existe ninguna norma aprobada.

"No existe ninguna ley aprobada sobre esta materia. La iniciativa se encuentra en trámite legislativo y forma parte del análisis parlamentario que llevan adelante las comisiones correspondientes", sostuvo Vargas Aignasse.

El legislador también cuestionó las interpretaciones que presentan el expediente como una decisión ya adoptada por la Legislatura. "En Tucumán ninguna ley se aprueba por decisión individual de un legislador ni por el dictamen de una comisión. Las leyes las aprueban los 49 legisladores que integran la Honorable Legislatura", afirmó.

La iniciativa había quedado en el centro de la polémica luego de las objeciones planteadas por dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el diputado nacional Gerardo Huesen, quienes advirtieron sobre un posible impacto negativo en la libertad de expresión y el riesgo de que la herramienta sea utilizada para restringir voces críticas.

Como respuesta a esos cuestionamientos, Vargas Aignasse destacó que el dictamen incorporó modificaciones destinadas a evitar interpretaciones restrictivas sobre la actividad periodística y el debate político. Según explicó, los funcionarios públicos quedaron excluidos expresamente de la posibilidad de recurrir a este mecanismo judicial.

"La crítica política está protegida. La opinión está protegida. La actividad periodística está protegida", enfatizó el legislador.

No obstante, el contenido del proyecto continúa generando controversias. Entre los puntos observados aparece el alcance de la futura norma, que contempla su aplicación sobre contenidos difundidos en redes sociales, plataformas digitales, portales web, diarios digitales, servicios de mensajería de difusión masiva y otros medios tecnológicos de comunicación pública en línea.

Precisamente ese aspecto es señalado por algunos sectores vinculados al ámbito periodístico y de la comunicación como uno de los puntos que merece un debate más profundo, debido a las implicancias que podría tener sobre publicaciones de interés público y contenidos periodísticos.

En paralelo, comenzaron a surgir señales políticas que podrían influir en el futuro de la iniciativa. Según trascendió, desde el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dejaron en claro que no acompañarán ningún proyecto que pueda afectar la libertad de prensa o limitar el ejercicio periodístico. Aunque no hubo pronunciamientos públicos, las versiones indican que existen reservas sobre el texto actual y que su tratamiento podría encontrar obstáculos en el camino legislativo.

La discusión también reavivó otro planteo presente en ámbitos políticos y periodísticos. Diversos sectores cuestionan la rapidez con la que avanzó este expediente en comparación con otras iniciativas vinculadas a la transparencia institucional, como una Ley de Acceso a la Información Pública o proyectos relacionados con Ética Pública, que aún no lograron prosperar en la provincia.

El proyecto impulsado por Vargas Aignasse propone incorporar al Código Procesal Penal de Tucumán una "Medida Cautelar Digital Urgentísima". La herramienta permitiría que una persona que considere afectados sus derechos solicite una intervención judicial y obtenga una resolución en un plazo máximo de seis horas.

Entre las medidas previstas figuran la eliminación del contenido denunciado, su desindexación de motores de búsqueda y la preservación de evidencia digital. A su vez, el dictamen establece una cláusula de resguardo que obliga a los jueces a rechazar cualquier planteo cuando exista una duda razonable de que el contenido cuestionado constituya una opinión, una crítica o información de interés público.