La Legislatura de Tucumán sancionó durante la sesión del jueves 18 de junio de 2026 una serie de modificaciones al proyecto que desafecta del dominio público una fracción de terreno ubicada entre las rutas 301 y 338, en una jornada que reeditó el fuerte malestar entre los bloques opositores. Con la presencia de vecinos de San Pablo y El Manantial en las gradas, el oficialismo impuso el tratamiento exprés y sin debate de las correcciones, a pesar de que varios legisladores habían solicitado la palabra para pronunciarse sobre el expediente.

La secuencia se desencadenó inmediatamente después de que el cuerpo aprobara las reformas judiciales impulsadas por la Corte Suprema provincial. El legislador oficialista Mario Leito mocionó entonces la alteración del orden del día para incorporar dos expedientes con dictamen de la comisión de Legislación General. Se trataba de las enmiendas técnicas y administrativas que Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior había señalado sobre la norma sancionada con anterioridad. Leito solicitó que las correcciones fueran votadas sin intercambio de opiniones, con el argumento de que las posturas ya habían sido expuestas en el debate primigenio. El bloque de gobierno y sus aliados consiguieron las voluntades suficientes y los cambios quedaron aprobados por mayoría.

La maniobra provocó una reacción inmediata en el recinto. Legisladores como Alfredo Toscano, Manuel Courel y Eduardo Verón Guerra reclamaban intervenir cuando el mecanismo de votación ya había sido resuelto. “Es una vergüenza esto”, se oyó gritar desde las bancas opositoras, en un clima de visible exasperación por la imposibilidad de hacer uso de la palabra.

El texto corregido incorporó precisiones sustanciales. La nueva redacción establece que la desafectación tendrá como objetivo exclusivo la implementación de acciones de interés público orientadas a la regularización dominial, la erradicación, la construcción y la consolidación de asentamientos o barrios de emergencia en la zona. A su vez, se añadió una cláusula que condiciona la entrada en vigencia de la ley al desistimiento expreso, irrevocable e incondicional de la empresa Citrusvil respecto de toda acción o derecho, presente o futuro, sobre los inmuebles alcanzados por la norma. La compañía deberá además acreditar los actos necesarios para dar por cerrados los procesos judiciales en curso, sin reserva de derecho alguno. El Poder Ejecutivo quedó facultado para impulsar las actuaciones administrativas complementarias que demande el cumplimiento de la ley.

El origen de las correcciones se remonta al dictamen de Asuntos Jurídicos, que había advertido errores en el proyecto inicialmente aprobado. Entre las objeciones figuraban la identificación incorrecta del bien a desafectar, la ausencia de definición precisa sobre el tramo que perdería su condición de dominio público y una fundamentación considerada insuficiente respecto de la pérdida de utilidad pública de la calle proyectada catastralmente. También se señaló que no se habían evaluado eventuales perjuicios para los propietarios colindantes ni para la comunidad en general, ni se había acreditado si la medida podía comprometer derechos vinculados al acceso y la circulación.

Mientras el oficialismo defendió la finalidad social de la norma por la regularización de tierras para unas 80 familias, urbanistas consultadas señalaron que el debate sobre la conectividad metropolitana continúa sin estar contemplado de manera suficiente en la planificación territorial de la zona.