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POLITICA

13 de junio de 2026

La fiscalía evalúa ampliar la investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito tras su declaración jurada

Manuel Adorni presentó su declaración jurada con bitcoins previos a su función pública. El fiscal Pollicita evalúa ampliar la causa por enriquecimiento ilícito.

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una nueva fase. El fiscal Gerardo Pollicita se encuentra evaluando los pasos a seguir luego de que el funcionario cumplimentara la presentación de su declaración jurada, y todo indica que el magistrado extenderá el período de análisis hacia años anteriores y solicitará nuevas medidas de prueba.

La presentación que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) incluye la mención a bitcoins que habría adquirido antes de convertirse en funcionario público. Este dato es clave, ya que podría modificar el eje temporal de la investigación. Pollicita ya tiene en su poder la declaración pública de bienes tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Bettina Angeletti, pero aún aguarda la llegada de la información reservada para, una vez que la reciba, definir si amplía el objeto de la pesquisa.

Para el análisis de la documentación, la Fiscalía cuenta con el respaldo de la DAFI, la unidad especializada del Ministerio Público dedicada a las investigaciones económicas y financieras. Este organismo colabora activamente en la revisión de los papeles presentados por el funcionario y su cónyuge.

Otras dos causas abiertas contra el jefe de Gabinete

Además del expediente por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni enfrenta otras dos investigaciones judiciales. Una de ellas, a cargo del juez Ariel Lijo, indaga el vínculo del funcionario con su amigo Marcelo Grandío, quien lo alojó en Punta del Este cuando Adorni viajó en un avión privado. La segunda causa, también bajo la órbita del mismo magistrado, se centra en la relación entre la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti y tres compañías contratistas del Estado.

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