No habrá un pronunciamiento explícito de la senadora Beatriz Ávila respecto de una posible continuidad de Rossana Chahla al frente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Así lo dejó claro la legisladora nacional del Partido por la Justicia Social (PJS), ratificando su alianza con el gobernador Osvaldo Jaldo para los comicios de 2027, aunque se negó a extender ese respaldo a la jefa comunal.

El escenario político provincial se encuentra agitado por varias frentes. Por un lado, el oficialismo impulsa un adelantamiento de las elecciones hacia mayo de 2027. Por otro, el sector alfarista acaba de activar una vía judicial contra el gabinete de Chahla, al denunciar a cinco de sus funcionarios por supuestas irregularidades en contrataciones directas que habrían alcanzado los 2.700 millones de pesos. A eso se suma la incomodidad que manifestó Ávila cuando los periodistas le consultaron por la designación de su hijo y dos de sus hijas en organismos nacionales como el PAMI y ARCA.

En cuanto al cronograma electoral, la senadora se mostró partidaria de separar las fechas provinciales de las nacionales. “Esto ya se hizo (en alusión a 2019 y 2023). Además hoy en día están vigentes las PASO que son en agosto. Es imposible hacer dos elecciones con el costo que significa y las generales en octubre”, argumentó. El partido Juntos Podemos, aliado del gobierno provincial, ya presentó un amparo para que la Justicia declare inconstitucionales los plazos actuales y se fije el 16 de mayo de 2027 como fecha de los comicios.

Sobre su apoyo a Jaldo, Ávila fue tajante: “Nosotros ya nos hemos decidido. El Partido por la Justicia Social va a apoyar la reelección del gobernador Osvaldo Jaldo. Vemos que es una gestión que tiene mucho de lo que tenía nuestra plataforma: equilibrio fiscal, acceso a la información, obras públicas, ajuste pero con la gente adentro, seguridad. Nosotros vamos a acompañar la reelección del gobernador y vamos a acompañar también a quien él designe”.

La pregunta que desencadenó la cautela de la legisladora llegó después: ¿ese acompañamiento incluye a Rossana Chahla? “Bueno, eso lo va a decidir el gobernador, ¿quién va a ir y van a decidir son los vecinos y los tucumanos? Vamos a esperar... esperemos que se dé, que se concrete. Tenemos que ver un cronograma electoral, tenemos que ver cuándo se van a presentar los candidatos”, respondió con evidente ambigüedad.

La tensión entre el alfarismo y el chahalismo no es nueva. La concejal Ana González, cercana a Germán Alfaro, presentó una denuncia penal contra cinco funcionarios de la gestión Chahla por incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos. Según la acusación, habrían montado una “operatoria sistemática” para evitar las licitaciones mediante contrataciones directas.

Nombramientos familiares: el otro foco de incomodidad

Cuando los periodistas abordaron el tema de los cargos otorgados a familiares de Ávila y del exintendente Alfaro en dependencias nacionales, la senadora cambió su tono. Según documentos a los que tuvo acceso este medio, su hijo Daniel Alfaro fue designado en el PAMI (UGL I Tucumán) mediante la Resolución RESOL-2026-1253-INSSJP con una carga de 35 horas semanales. También dos hijas de la legisladora ingresaron a la delegación local de ARCA.

Ante la consulta sobre la veracidad de esos nombramientos, Ávila no los confirmó ni los negó. “Trascendió. Daniel calificó para lo que todo estaba (sic), pero en realidad no tengo mucho más para decir”, fue su primera reacción. La prensa insistió sobre los cargos en ARCA, y la respuesta final de la senadora fue evasiva y con visible fastidio: “Fíjense, fíjense ustedes, saquen conclusiones. Yo estoy abocada a lo que es mi tarea en el ámbito del Senado de la Nación”. Acto seguido, intentó redirigir la conversación hacia la gestión de obras públicas y el alivio de la morosidad bancaria para las familias tucumanas, buscando clausurar el debate sobre los nombramientos de sus parientes.