El legislador Agustín Romano Norri presentó un proyecto de ley para crear la Agencia de Planificación y Coordinación Metropolitana. Apunta a resolver los problemas comunes de transporte, inundaciones y urbanización entre los municipios vecinos, optimizando recursos y respetando las autonomías locales.

El crecimiento acelerado y la falta de una estrategia común en las últimas décadas transformaron los límites del Gran San Miguel de Tucumán en fronteras meramente administrativas. En la práctica, miles de tucumanos viven en una jurisdicción, trabajan en otra y estudian en una tercera, padeciendo diariamente problemas de conectividad, anegamientos pluviales y deficiencias en los servicios. Frente a este escenario, el legislador Agustín Romano Norri ingresó un proyecto de ley que propone una salida institucional y ordenada: la creación de la Agencia de Planificación y Coordinación Metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán.  

El eje de la propuesta radica en un principio clave para las arcas públicas: la optimización de los recursos existentes sin la necesidad de crear nuevas estructuras burocráticas ni generar gastos superfluos para el Estado.

"La falta de planificación también tiene costos: obras incompletas, duplicación de esfuerzos, infraestructura insuficiente y respuestas tardías frente a problemas previsibles. No buscamos crear estructuras innecesarias, sino dotar al Estado de una herramienta técnica para ordenar el crecimiento", argumentó Romano Norri en la exposición de motivos del proyecto.

Un organismo técnico y respetuoso de las autonomías

El proyecto deja en claro desde su segundo artículo que la nueva entidad tendrá un carácter estrictamente técnico, consultivo y de coordinación. De aprobarse, no constituirá un nuevo nivel de gobierno ni tendrá la facultad de sustituir, alterar o menoscabar las competencias y potestades propias de los intendentes o delegados comunales consagradas por la Constitución Provincial.  

Los planes, dictámenes y recomendaciones emitidos por la Agencia tendrán carácter no vinculante. Sin embargo, su intervención previa será obligatoria únicamente para aquellos proyectos u obras impulsados y financiados por el Estado Provincial que tengan un "impacto metropolitano significativo" (tales como grandes obras hidráulicas, sistemas de transporte público o infraestructura vial interjurisdiccional).  

El área de incumbencia inicial delineada por el proyecto abarca de manera integral a:

•  Municipios: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas.  
•  Comunas Rurales: El Manantial, San Pablo y Villa Nougués, Cebil Redondo y San Andrés.  

El diseño contempla que otras jurisdicciones puedan sumarse de manera gradual a medida que la mancha urbana y los flujos económicos demuestren una continuidad funcional.  

Planificación a 10 años y datos abiertos

Entre las herramientas más destacadas de la ley se encuentra la obligación de elaborar un Plan Estratégico Metropolitano con un horizonte mínimo de diez años. Este plan servirá de guía para coordinar políticas de movilidad, drenaje pluvial, gestión ambiental y hábitat, permitiendo superar la lógica de la "urgencia permanente" y pasar a la previsibilidad.  

Asimismo, se prevé la creación del Sistema de Información Metropolitana, una plataforma destinada a reunir, sistematizar y publicar datos estadísticos urbanos, ambientales, viales e hídricos. "La planificación pública requiere datos confiables y accesibles; sin información común, las decisiones se toman de manera dispersa o reactiva", reza el documento.  

El Consejo Metropolitano: gobernanza compartida

Para garantizar el espíritu federal y participativo de la propuesta, la conducción técnica de la Dirección Ejecutiva (designada por el Poder Ejecutivo bajo estrictos criterios de idoneidad) estará respaldada por un Consejo Metropolitano. Este espacio de articulación estará integrado por representantes del gobierno provincial, los intendentes del área, los delegados comunales involucrados y representantes de las universidades públicas y privadas de la provincia.  

Respecto al financiamiento, el articulado estipula que la Agencia se sustentará con las partidas que le asigne el Presupuesto General de la Provincia, complementándose de forma sustancial con fondos provenientes de programas nacionales o internacionales y aportes de cooperación técnica. De este modo, el foco se mantiene firme en la premisa original: coordinar mejor lo que ya se tiene para gastar menos y con mayor eficiencia.