El próximo mes de julio traerá una nueva actualización en los haberes previsionales y las prestaciones sociales. Según la pauta de movilidad vigente, que ajusta los montos de forma mensual con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, el incremento correspondiente a la inflación de mayo será del 2,15%. Ese porcentaje elevará la jubilación mínima a 411.989,32 pesos, suma a la que se añadirá un bono de 70 mil pesos que se mantiene sin cambios.

El mismo ajuste alcanza a otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor pasará a 329.591,45 pesos; la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez, a 288.392,52; y la Pensión Madre de 7 hijos, a 411.989,32 pesos, equiparándose así al haber mínimo jubilatorio.

En el capítulo de asignaciones, la actualización del 2,15% impacta tanto en las asignaciones familiares como en las universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en 148.048 pesos por cada niño, mientras que la AUH para hijo con discapacidad trepará a 482.061 pesos. En ambos casos, esos montos representan el 100% del valor general de la AUH. Por su parte, la Asignación por Hijo para el primer tramo de ingresos se ubicará en 74.032 pesos, y la correspondiente a hijo con discapacidad en el mismo rango, en 241.040 pesos.

El gasto social tensiona el equilibrio de cuentas

El gasto destinado a programas sociales y previsionales insume aproximadamente el 48% del total de las erogaciones del Estado. Ese peso relativo implica que cualquier suba indexada por la inflación –como la que rige desde la implementación del Decreto 274/24– ejerce una presión directa sobre las arcas fiscales. La administración de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, necesitan recortar otras partidas para no desviarse de la meta de superávit primario, en un contexto donde la recaudación impositiva muestra signos de debilitamiento.

Los ingresos tributarios lograron frenar en mayo una racha de nueve meses de caídas consecutivas. Sin embargo, ese respiro tuvo una causa puntual: el impacto contable de la aceleración inflacionaria del último año sobre las ganancias empresariales, en especial por el fuerte incremento del petróleo y los combustibles, que mejoró los balances de las compañías del sector. Para junio, en cambio, se prevé que el efecto de Ganancias sobre las empresas sea mucho menor, mientras que la recaudación por IVA, Débitos y Créditos (íntimamente ligada al consumo masivo y al nivel de actividad) seguirá en retroceso en términos reales. También caerá lo recaudado por Bienes Personales, como consecuencia de la política oficial de beneficiar a los sectores de mayor poder adquisitivo.

El gobierno viene sosteniendo los superávits primarios mediante una estrategia que incluye la retención de fondos que deberían girarse a las provincias, el incumplimiento de leyes sancionadas –como la de financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad– y la acumulación de deuda flotante. En cuanto al superávit financiero, se logra sin computar el pago de intereses de la deuda pública ni la actualización del capital de los bonos atados a la inflación o al dólar. La meta de mantener el superávit es una de las exigencias centrales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también el indicador que siguen con lupa las consultoras de bancos y fondos de inversión para medir la consistencia de la política monetaria de Milei y Caputo.