La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se encuentra a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que podría definir el rumbo de su proceso electoral. Si el tribunal no emite un fallo de fondo antes del martes, el Consejo Superior deberá evaluar una nueva postergación de la Asamblea Universitaria prevista originalmente para el 10 de junio, instancia en la que se debía elegir al próximo rector y vicerrector.

La primera sesión ordinaria del nuevo Consejo Superior está programada para la tarde del martes y será el escenario donde se defina la estrategia institucional. El clima es de alta incertidumbre política y judicial, que desde hace semanas condiciona el calendario electoral de la casa de altos estudios.

El origen del conflicto se remonta al 15 de mayo, cuando la Cámara Federal dictó una medida cautelar que suspendió la candidatura del actual rector, Sergio Pagani, quien aspiraba a un nuevo mandato. La decisión judicial se basó en objeciones sobre la interpretación del Estatuto universitario en relación con los límites de las reelecciones consecutivas. La presentación fue impulsada por el espacio opositor liderado por Miguel Cabrera y Virginia Abdala.

Como resultado de esa cautelar, la Asamblea Universitaria convocada para el 20 de mayo fue suspendida y todo el cronograma electoral quedó supeditado a lo que resuelva la Justicia Federal. Posteriormente, vencieron los mandatos de Pagani y de la vicerrectora Mercedes Leal. Ambos decidieron no solicitar una prórroga de sus funciones, por lo que la conducción transitoria de la UNT recayó en Cristina Grunauer de Falú, decana de la Facultad de Derecho y actual vicerrectora subrogante.

Mientras se aguarda el pronunciamiento judicial, en el ámbito universitario se barajan distintos escenarios. Uno de ellos es que la Cámara Federal revoque la cautelar y vuelva a habilitar la postulación de Pagani. Otra posibilidad es que el tribunal confirme la exclusión del rector pero permita al oficialismo presentar una nueva fórmula. También se contempla un fallo favorable al sector opositor encabezado por Cabrera y Abdala. Finalmente, existe la alternativa de que no haya sentencia antes de la fecha fijada para la Asamblea.

En este último caso, el Consejo Superior deberá resolver si posterga nuevamente la elección para no avanzar en un proceso institucional sin una definición judicial sobre uno de sus principales protagonistas. La falta de autoridades electas mantiene en suspenso decisiones estratégicas vinculadas al futuro académico y administrativo de la UNT.

El debate también ha trascendido al terreno jurídico. El constitucionalista Benito Carlos Garzón consideró que la Cámara Federal se anticipó indebidamente al desarrollo del proceso electoral. A su juicio, la Universidad debería completar la elección de autoridades y cualquier impugnación tendría que plantearse una vez finalizado ese procedimiento.

En una línea distinta, la constitucionalista Carmen Fontán recordó que la autonomía universitaria tiene rango constitucional, aunque aclaró que ello no excluye el control judicial cuando surgen conflictos institucionales dentro de una universidad pública. “La autonomía universitaria no convierte a estas instituciones en un poder soberano dentro del Estado”, afirmó. Ambos juristas coincidieron en la relevancia institucional del caso, pero mantuvieron posiciones diferentes sobre los límites de actuación de la Justicia Federal.

Paralelamente, distintos decanos comenzaron a delinear las prioridades que debería asumir la futura conducción universitaria una vez superada la crisis electoral. Entre los desafíos más relevantes figuran la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), prevista para 2027; la administración de los recursos recuperados de YMAD; el desarrollo del proyecto de Ciudad Universitaria; la retención de docentes e investigadores; y la actualización de las carreras frente a los cambios tecnológicos.

La decana de la Facultad de Bioquímica, María Inés Gómez, sostuvo que las próximas autoridades deberán combinar capacidad de gestión y liderazgo político para defender los recursos de la institución y avanzar en su modernización. Por su parte, el decano de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, destacó el impacto que la inteligencia artificial tendrá sobre la enseñanza universitaria. Desde las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Exactas también señalaron la necesidad de actualizar los planes de estudio para responder a las nuevas demandas laborales y a los modelos contemporáneos de formación.

El proceso electoral también generó críticas desde el sector estudiantil. La Federación Universitaria de Tucumán (FUT) reclamó una mayor participación de los alumnos y pidió que los candidatos recorran las facultades para exponer y debatir públicamente sus propuestas. “Existe una preocupante desconexión entre las propuestas políticas y las bases estudiantiles”, advirtió el presidente de la FUT, Alejandro Tapia. En la misma línea, estudiantes de distintas unidades académicas señalaron que conocen más a quienes disputan los centros estudiantiles que a los postulantes al Rectorado. También reclamaron información más clara sobre la implementación del sistema de créditos universitarios y la actualización de las carreras.

Independientemente de quién resulte finalmente electo, la UNT enfrenta una situación sin precedentes en su historia reciente. La suspensión judicial de una candidatura antes de que la Asamblea Universitaria pudiera votar alteró el proceso electoral, obligó a establecer una conducción provisoria y abrió un profundo debate sobre los alcances de la autonomía universitaria y el rol de la Justicia en los conflictos institucionales de las universidades públicas. La resolución que adopte la Cámara Federal no solo definirá el futuro inmediato de la Universidad Nacional de Tucumán, sino que también podría convertirse en un antecedente de alcance nacional para futuros procesos electorales en las casas de altos estudios de todo el país.