En el marco de las audiencias públicas por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán, la tercera jornada celebrada en el Concejo Deliberante arrojó un consenso central: la capital tucumana debe superar su modelo centrado en el automóvil particular y transitar hacia esquemas de movilidad sostenible y mayor integración social. Tanto el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) como especialistas del CONICET coincidieron en que la nueva normativa urbana debe ser apenas el reflejo de un plan más amplio que contemple la capacidad de la infraestructura existente frente al crecimiento metropolitano.

El representante del CAT, Guillermo Soler, presentó una propuesta orientada a la eficiencia urbana y la sostenibilidad. Una de sus iniciativas más disruptivas fue la reactivación del sistema ferroviario. “Es fundamental incorporar la infraestructura ferroviaria a la movilidad dentro del ámbito metropolitano. Había un proyecto de hace algunos años de un ferrobús que unía de norte a sur y sur a norte la ciudad que creemos que sería fundamental resucitarlo”, señaló. Soler fundamentó que este modelo, exitoso en otras ciudades, permitiría consolidar nodos intermodales, como en la Plaza Alberdi, vinculando el tren del Mitre con el eje del Belgrano.

En cuanto al ordenamiento del espacio público, el arquitecto fue crítico con la situación actual: “El estacionamiento de la calle ya no tendría que estar, tendría que ser para circular, tenemos que desalentar el acceso al centro”. Como alternativa, el CAT propuso la creación de distritos temáticos que reemplacen la zonificación tradicional. Al respecto, Soler indicó: “Lo que le queremos proponer al municipio es la creación del distrito histórico y dar por muerto al C1A (Área Comercial Central-microcentro); que haya un distrito histórico donde uno pueda disfrutar de la historia”. También sugirió un “Distrito de Innovación Tecnológica” y un “Distrito Universitario del Conocimiento” para fomentar el desarrollo en el sur de la ciudad.

Por su parte, Paula Boldrini, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones en Terreno, Tecnología y Hábitat (CONICET-UNT), aportó una mirada enfocada en los barrios populares, que en San Miguel de Tucumán concentran el 76% de las familias de este tipo en el área metropolitana. Boldrini advirtió que la normativa debe atender la vulnerabilidad material e inmaterial. “San Miguel de Tucumán concentra la mayor cantidad de población popular en su superficie y por lo tanto tiene la posibilidad ejemplificadora de hacer algo para generar procesos de integración socio-urbana”, afirmó. Para la investigadora, el problema del microtráfico de drogas no se combate solo con policía, sino con oportunidades: “Es el desmantelamiento de la estructura productiva lo que ha llevado a que nosotros tengamos la población concentrada en ciudades... lo que genera el avance de las drogas y el microtráfico que ha venido a reemplazar estructuras productivas por otras que son delictivas”.

Boldrini propuso trabajar sobre el “hábitat participativo” y el fomento de experiencias autogestivas, destacando la necesidad de que el Estado financie proyectos comunitarios. “¿Por qué no armar una red productiva? ¿Por qué no armar un plan en el que todos los barrios puedan mediante procesos participativos ir identificando cuáles son las actividades que pueden ser motor productivo?”, planteó. Finalmente, enfatizó que la verdadera integración no se limita a construir puentes físicos, sino vínculos sociales: “La verdadera integración no es generar solamente puentes, sino generar sectores que se vinculen con otros, eso implica también las condiciones de hábitat”. De cara a la reforma del Código, la especialista concluyó que la normativa debe estar asociada a programas y proyectos que garanticen la seguridad de la tenencia y el derecho a una ciudad digna.

La comisión especial para el estudio y reforma del CPU está conformada por los concejales Facundo Vargas Aignasse (presidente), Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez, Cristian Abel, y los funcionarios municipales Luis Lobo Chaklian, María Guadalupe Rearte, Marcelo Daniel Beccari y Mónica Gladys Alicia Ailan. También participaron los concejales Carlos Ale y Alfredo Terán de Zavalía.