El sur de San Miguel de Tucumán tendrá una solución estructural para sus problemas de anegamiento. El gobierno provincial oficializó un aporte de $700 millones no reintegrables para la obra de desagües pluviales del Barrio 360 Viviendas, mediante el Decreto N° 1.085/3 firmado por Osvaldo Jaldo y publicado en el Boletín Oficial.

La asistencia financiera, que será canalizada a través de un convenio con la Municipalidad, cubrirá la mitad del costo total del proyecto. El otro 50% será afrontado con recursos propios del municipio. La inversión global alcanza los $1.400 millones.

Los trabajos fueron anunciados el 17 de abril durante un acto conjunto entre Jaldo y la intendenta Rossana Chahla. Ya están licitados, adjudicados e iniciados desde el 7 de abril por Decreto Municipal N° 0123/SOP.

Las intervenciones técnicas en los canales

El plan incluye dos frentes de obra principales. En el Canal Sur Nueva Esperanza se reconstruirán tres alcantarillas, se modificará el perfil longitudinal del cauce, se profundizará controladamente, se ajustarán las pendientes y se realizará una limpieza integral del conducto.

En el Canal Norte Alejandro Heredia se demolerán dos alcantarillas existentes, reemplazándolas por nuevas estructuras de hormigón armado de 4 metros de ancho por 2,20 metros de alto. También se limpiarán malezas en los márgenes, se excavará y perfilará el canal, se harán rellenos con pedraplén para estabilización y se colocará material granular en los laterales.

La obra apunta a mejorar el drenaje en un sector que históricamente sufre dificultades para evacuar el agua de lluvia durante tormentas intensas.

Beneficiarios y controles

De acuerdo con datos técnicos del Municipio, 3.277 vecinos del barrio 360 Viviendas y los barrios 2 de Abril, Nueva Esperanza y Ampliación Federal serán beneficiarios directos. Otras 9.563 personas residentes en Ampliación Independencia, Parque Sur, Lapacho Sur, CGT, Independencia II, Federal, Blasco II, Ampliación Alejandro Heredia y Congreso al 3900 recibirán beneficios indirectos.

El convenio prevé que la Provincia desembolse los fondos por etapas, según los certificados de avance de obra emitidos por la contratista, con conformidad de la inspección municipal y validación del organismo técnico provincial. En ningún caso se pagará más que el avance físico real. La Provincia puede suspender desembolsos si hay observaciones técnicas.

El Municipio deberá entregar toda la documentación requerida. Los organismos provinciales podrán realizar auditorías técnicas, administrativas y financieras. La asistencia no tendrá actualizaciones ni redeterminación de precios.