El sistema de transporte público de pasajeros de Tucumán atraviesa una semana decisiva marcada por la negociación salarial entre empresarios y trabajadores, en un contexto donde continúa sin resolverse el pedido de actualización de la tarifa urbana. La combinación de ambas situaciones mantiene en alerta al sector y alimenta la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el servicio.

Este martes 2 de junio de 2026 está previsto un nuevo encuentro entre representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con el objetivo de intentar destrabar el conflicto vinculado al pago de los salarios correspondientes a mayo y del medio aguinaldo.

Por el lado empresarial participarán Daniel Orell y Jorge Berretta, mientras que la representación gremial estará encabezada por César González. La discusión se intensificó luego de que el sindicato rechazara una propuesta de pago en cuotas presentada por las empresas.

Tras esa negativa, ambas partes acordaron una instancia de espera para analizar alternativas que permitan afrontar los compromisos salariales. Sin embargo, desde el sector empresario reconocieron que, por el momento, no cuentan con una propuesta superadora para acercar a la mesa de negociación.

La posición de la UTA es clara: los haberes deben ser depositados completos y dentro de los plazos legales. Por ese motivo, el jueves 4 de junio aparece como una fecha clave. Si los trabajadores no perciben sus salarios en tiempo y forma, podrían activarse medidas gremiales que van desde restricciones operativas hasta una paralización total de los servicios.

Mientras tanto, las empresas continúan reclamando una actualización de la tarifa urbana. Aetat presentó ante el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán un estudio de costos en el que sostiene que el valor técnico del boleto ronda los $2.400, muy por encima de la tarifa vigente de $1.250.

Aunque los empresarios admiten que podrían aceptar un incremento inferior al calculado en ese informe, consideran imprescindible una recomposición que permita afrontar los costos operativos del sistema. Ante la ausencia de definiciones, enviaron cartas documento a distintos actores vinculados con la administración municipal en busca de respuestas.

La discusión tarifaria, sin embargo, permanece estancada en el ámbito político. Tanto sectores del oficialismo como de la oposición reconocen que no existe consenso para avanzar con una modificación del cuadro tarifario.

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante, presidida por el concejal peronista José María Francos, tiene previsto reunirse durante esta semana para continuar analizando la situación. No obstante, incluso si surgiera un dictamen favorable, la aprobación definitiva de una nueva tarifa requerirá reunir los votos necesarios dentro del cuerpo deliberativo y superar eventuales objeciones políticas.

En paralelo, los concejales cuentan prácticamente con un único informe formal para evaluar la situación económica del sistema: el estudio de costos elaborado por Aetat. Más allá de ese documento, no existen otras referencias técnicas oficiales que sirvan de base para determinar la magnitud de un eventual incremento.

En los últimos días circuló informalmente la posibilidad de una actualización cercana al 30%, lo que llevaría el valor del boleto a una franja de entre $1.600 y $1.650. Sin embargo, dentro del oficialismo municipal consideran que cualquier decisión de esa naturaleza debería ser consensuada previamente con el Departamento Ejecutivo Municipal.

Durante una exposición realizada ante la comisión de Transporte, el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, presentó información relacionada con el funcionamiento del sistema SUBE y detalló los aportes económicos que realiza el municipio para sostener el servicio.

Tras esa reunión, desarrollada el 20 de mayo, el funcionario expresó públicamente que el valor de $2.400 solicitado por las empresas resulta imposible de afrontar para los usuarios en el actual contexto económico.

En el Concejo Deliberante tampoco existe unanimidad respecto de una eventual actualización tarifaria. Los concejales opositores José María Canelada y Gustavo Cobos ya manifestaron su rechazo a cualquier incremento del boleto.

Además, distintas fuentes legislativas admiten que dentro del propio oficialismo y entre algunos espacios aliados también existen posiciones críticas respecto de una suba, lo que dificulta la construcción de los consensos necesarios para avanzar con una ordenanza.

Con las negociaciones salariales abiertas y el debate tarifario sin avances concretos, el transporte tucumano enfrenta horas determinantes. La resolución del conflicto dependerá tanto de la capacidad de las partes para alcanzar acuerdos como de las definiciones políticas que puedan surgir en torno al financiamiento del sistema. Mientras tanto, miles de usuarios permanecen atentos a un desenlace que podría impactar directamente en la continuidad del servicio.