El miércoles 28 de mayo, efectivos de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico ingresaron a un departamento en la calle Ortiz de Ocampo del barrio porteño de Palermo. La orden de allanamiento original buscaba pruebas en una causa por corrupción vinculada a ARSAT, pero lo que hallaron los agentes desvió por completo el foco de la investigación: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, 15 cucharas para consumo y una suma millonaria en efectivo.

El secretario del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro ordenó la detención inmediata e incomunicada de Facundo Leal, de 51 años, quien hasta ese momento había transitado por cargos de tercera línea durante las gestiones del peronismo y también del gobierno libertario. Dentro del mismo procedimiento se contabilizaron 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos y billetes de seis países: Uruguay, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea y Tanzania.

Esa misma noche, una segunda orden allanó el departamento que Leal ocupaba en la avenida Boulogne Sur Mer de la ciudad de Mendoza, donde convivía con su pareja —ausente al momento del operativo—. Allí, la Delegación Unidad Operativa Federal secuestró otros 1.787.600 dólares en efectivo, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones personales. En total, entre ambos inmuebles, los investigadores reunieron 2.591.354 dólares en billetes no declarados y sin una explicación oficial hasta el cierre de esta edición. Cuando los efectivos le preguntaron su ocupación, Leal se definió como un simple empresario agropecuario.

El origen de la causa: un robo en un depósito de ARSAT

La investigación que terminó con Leal detenido no comenzó como un caso de corrupción, sino como un robo. A principios de 2024, empleados de ARSAT detectaron que un depósito ubicado en San Fernando, utilizado para resguardar equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica, había sido saqueado. Ese predio era operado por una firma de logística contratada por la empresa estatal en 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández. Según las constancias del expediente, las cámaras de seguridad no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo inactivo.

ARSAT no es una empresa menor: es el proveedor mayorista de fibra óptica y conexiones satelitales del país, y opera la infraestructura sobre la que circula gran parte de las comunicaciones digitales argentinas. La compañía tiene desplegados casi 40.000 kilómetros de fibra óptica en todo el territorio nacional, una red construida mayoritariamente durante los gobiernos kirchneristas. Los insumos sustraídos en San Fernando estaban destinados al mantenimiento y la ampliación de esa red estratégica para las comunicaciones y el funcionamiento de la economía.

La causa quedó a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. El foco inicial fue el robo, pero a medida que avanzaron las pruebas la pesquisa se desplazó hacia las condiciones de contratación de la empresa de logística y los vínculos de sus dueños con funcionarios de ARSAT. Una investigación del diario La Nación reconstruyó que el proceso licitatorio fue una ficción: las tres empresas que compitieron pertenecían en realidad a la misma estructura societaria y familiar. En el expediente participa también la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Leonardo Rodríguez.

Los contratos acumularon, entre órdenes directas y prórrogas, más de 1.900.000 dólares. Las prórrogas las suscribieron Leal y otros dos gerentes, sin la intervención del directorio que el reglamento interno exigía. Los teléfonos secuestrados contenían mensajes que, según La Nación, documentaban el circuito de pagos entre los contratistas y funcionarios de la empresa. La fiscalía pidió indagatoria para diez personas por los delitos de defraudación, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Leal es uno de ellos.

El patrimonio en jaque: de 58 millones a 528 millones en cuatro años

Las declaraciones juradas que Leal presentó ante la Oficina Anticorrupción entre 2021 y 2025, a las que accedió Infobae, muestran una evolución patrimonial que el exfuncionario deberá explicar ante la Justicia. A comienzos de 2021 declaró un patrimonio total de 58 millones de pesos. Al cierre de ese año, 78,9 millones; al cierre de 2022, 118,2 millones; al cierre de 2023, 340,8 millones; y en la declaración inicial al asumir la presidencia del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) en junio de 2025, 528 millones de pesos. En cuatro años, su patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve.

El salto más abrupto ocurrió entre 2022 y 2023, cuando el patrimonio creció 222 millones de pesos en un solo año. Ese período coincide con la firma de las prórrogas del contrato con la empresa de logística y la emisión de nuevas órdenes de compra. El vehículo que concentró ese crecimiento fue una empresa unipersonal registrada bajo el CUIT personal de Leal, cuya actividad nunca fue especificada en ninguna declaración. Su valor pasó de 3,1 millones de pesos en 2021 a 12,6 millones en 2022, luego a 90,5 millones en 2023 y finalmente a 220,4 millones en la declaración de 2025. Qué produce esa empresa, de dónde provienen sus ingresos y a qué clientes presta servicios son preguntas que la causa intentará responder.

El efectivo en pesos declarado siguió la misma tendencia: 8,2 millones en 2021; 36,6 millones en 2022; 77,1 millones en 2023; y 94,8 millones en 2024. Su flota de vehículos también creció: a la Amarok 2014 que ya poseía al ingresar al Estado se sumaron en 2022 una Amarok Black Style V6 (versión de alta gama) y en 2023 un Can-Am Maverick X3, un vehículo utilitario deportivo de importación.

El dato más relevante, sin embargo, es lo que no figura en las declaraciones. En ninguna de las cinco DDJJ analizadas por Infobae aparece una tenencia significativa de dólares en efectivo. La última declaración, correspondiente a su baja como funcionario del ORSNA a principios de 2024, consignó exactamente un centavo de dólar en efectivo. Semanas después de presentar esa declaración, la policía le secuestró más de 2,5 millones de dólares físicos distribuidos en dos domicilios de dos provincias distintas.

El perfil de un funcionario transversal

Facundo Leal, abogado mendocino, acumula casi dos décadas dentro del Estado nacional. Ingresó a la Administración de Aviación Civil y escaló posiciones dentro de ARSAT desde 2020. Llegó a la presidencia de la empresa en agosto de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con quien compartió actos públicos. En el mapa del poder peronista, no fue un cuadro neutral: fuentes políticas consultadas señalaron que su ascendencia se apoyó en el grupo de dirigentes que respondía al albertismo. Con ese respaldo logró desplazar a un funcionario de rango ministerial que ocupaba un cargo en ARSAT, un episodio que derivó en el traslado de ese funcionario a otra área. También se le atribuye haber ganado, en su momento, una disputa interna con La Cámpora por el control de la empresa.

Esa transversalidad le permitió continuar tras el cambio de gobierno. “Era el tipo que conocía los detalles de la administración de ARSAT, todos los negocios y había acumulado más enemigos que amistades”, explicó a este medio una fuente que trabajó en esos años. Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023, Leal continuó al frente de ARSAT durante los primeros meses de transición, hasta que la nueva gestión designó a su propio equipo. En la Casa Rosada señalaron que su permanencia tuvo más que ver con la ausencia de cuadros propios para ocupar lugares estratégicos del Estado.

Su vínculo con la gestión libertaria llegó por otra vía. Luis Pierrini, secretario de Transporte, era su amigo personal: ambos mendocinos, con años de relación. Pierrini llegó al gobierno de Milei a través de Juan Pazo, hombre clave en el entorno del ministro de Economía Luis Caputo. Ya en la secretaría, Pierrini armó su equipo con colaboradores de confianza: llevó a Leal desde ARSAT para ponerlo al frente del ORSNA y colocó a Gerardo Boschin —hoy imputado en la causa de Mirabelli— en la presidencia de Trenes Argentinos.

Así, en junio de 2025, Leal fue designado presidente ad honorem del ORSNA mediante el Decreto 390 firmado por Milei y el ministro Caputo. En total, Leal ejerció funciones durante casi dos años dentro de la administración libertaria. Fuentes del gobierno de Mauricio Macri consultadas por Infobae aclararon, sin embargo, que durante esa gestión —que tuvo a Rodrigo De Loredo y a Raúl Martínez al frente de ARSAT— Leal no ocupó roles de gerencia ni de administración en la empresa. Cuando Pierrini dejó la secretaría en enero de 2026 —en medio de una polémica por el uso de una aeronave privada vinculada a Pablo Toviggino, de la AFA, para viajar a Barcelona—, Leal también dejó el cargo.

Fuentes con acceso a la causa indicaron que la investigación corresponde a hechos ocurridos durante su gestión en el gobierno anterior y que su paso por el ORSNA no integra el expediente. Al momento de los allanamientos, Leal seguía figurando en la nómina de ARSAT como empleado de planta permanente. El secreto de sumario fue dispuesto tras la detención y Leal ya prestó declaración indagatoria.

La defensa de Leal, según fuentes al tanto de la investigación consultadas por Infobae, apunta a sostener que las drogas halladas correspondían a consumo personal y que no existen elementos que acrediten comercialización. El dinero es el flanco más difícil: deberá acreditar su origen y su titularidad. Una de las hipótesis que manejan sus allegados es la venta de propiedades. Las declaraciones juradas, sin embargo, no registran ninguna operación inmobiliaria que justifique esa magnitud de efectivo en moneda extranjera.