La crisis institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó un nuevo capítulo judicial. Dos docentes de la Escuela de Enfermería presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Federal para que se investigue si la decana de la Facultad de Medicina, Liliana Tefaha, accedió al cargo violando las restricciones a los mandatos consecutivos establecidas en el Estatuto universitario.

La presentación, radicada el viernes 29 de mayo, sostiene que la designación de Tefaha contradice los mismos principios de alternancia y límite de reelecciones que la Cámara Federal ya aplicó al rector saliente, Sergio Pagani, mediante una medida cautelar emitida el 15 de mayo. Según los denunciantes, la decana habría completado dos períodos consecutivos en el cargo, por lo que su continuidad estaría alcanzada por las prohibiciones del artículo 17 del Estatuto.

Esta acción penal se suma a otra denuncia ya presentada contra los tres integrantes de la Junta Electoral —Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández—, acusados de desobediencia a la autoridad judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con ambas causas en curso, el oficialismo universitario enfrenta un escenario de máxima tensión jurídica. Ya no solo se cuestiona la postergación de la Asamblea Universitaria y la suspensión del proceso electoral, sino también la validez de asunciones clave en facultades estratégicas como Medicina.

Los docentes de Enfermería que impulsan la denuncia contra Tefaha sostienen que permitir la continuidad de mandatos consecutivos más allá de lo previsto en el Estatuto genera una “incertidumbre lesiva” y afecta la igualdad de condiciones en toda la institución. La presentación refuerza la percepción de que el intento de prolongar el poder no se limita al Rectorado, sino que se extiende a los decanatos y a los órganos de gobierno de la universidad.

Este nuevo frente judicial se abre mientras la Cámara Federal mantiene bajo estricta vigilancia las resoluciones de la Junta Electoral y del Consejo Superior. Los días 22 y 24 de mayo, los abogados Cabrera y Abdala presentaron escritos exigiendo ser proclamados como la única fórmula habilitada y jurar el 28 de mayo, fecha en que vencía el mandato de Pagani. La Cámara Federal otorgó un plazo de 72 horas a la UNT para que defendiera la postergación de la Asamblea al 10 de junio.

Con la cautelar federal aún vigente, la candidatura de Pagani sigue suspendida. Sin embargo, el oficialismo —a través de la Junta Electoral y el Consejo Superior— ha intentado dilatar el proceso, reprogramar la Asamblea y recomponer su estrategia electoral con nombres como Mercedes Leal o Jorge Rospide. La acumulación de denuncias penales, la orden de la Cámara Federal de resolver el fondo del asunto y la nueva impugnación contra la decana de Medicina configuran un panorama de profunda inestabilidad.

El espacio político conocido como “saabismo” —que durante décadas ha controlado la UNT desde la Secretaría General a cargo de José Hugo Saab— enfrenta ahora no solo la resistencia opositora y el control judicial, sino también el riesgo concreto de que sus principales operadores sean investigados penalmente por desobediencia judicial.