La Legislatura de Tucumán sesionó este jueves en un clima de fuertes tensiones entre oficialismo y oposición. El punto central del debate fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el Poder Ejecutivo que crea una subintervención en el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), cargo que ocupará la abogada Ingrid Lausberg con competencia en materia administrativa y financiera. Finalmente, el oficialismo logró imponer su mayoría y validar la medida, pese a las duras críticas de los bloques opositores.

El gobierno provincial fundamentó la urgencia en la necesidad de “reforzar la atención de la función administrativa” del ente. Sin embargo, desde la oposición calificaron la maniobra como un intento de vigilar políticamente al actual interventor, José Ricardo Ascárate, y como un premio a favores judiciales previos.

La metáfora teatral de Viña

El legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) abrió el fuego con una analogía teatral. Sostuvo que el gobernador Osvaldo Jaldo escribió una obra en tres actos: el primer acto fue el DNU del 15 de marzo de 2024 que intervino el ERSEPT por 120 días; el segundo acto llegó cinco días después, el 20 de marzo de 2024, cuando otro decreto desplazó al ministro de Economía como interventor y puso en su lugar a Ascárate, extendiendo la intervención hasta 1.322 días (es decir, hasta octubre de 2027). “Finalmente, se llega al tratamiento del DNU 2/3 del 29 de abril de 2026, mediante el cual el gobernador inventa el cargo de subinterventora del ERSEPT. ¿Cómo se llama la obra? Ascárate, te estoy controlando”, ironizó Viña. Cuestionó que el interventor ya tiene facultades para designar asesores sin necesidad de un decreto legislativo.

“La sesión de la devolución de gentileza”

Agustín Romano Norri (Movimiento Radical), quien dictaminó en minoría el rechazo, advirtió que la medida profundiza el vaciamiento de facultades de la Legislatura. “Hoy vemos que están poniendo alguien para controlar o están pagando algún favor. Hoy creo que es la sesión de la devolución de gentileza”, expresó. Vinculó a Lausberg con la presentación judicial que tumbó el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. “Hoy también le estamos premiando desde esta Legislatura a alguien que le ha dado un fallo favorable a un sector de la justicia o a un sector del gobierno”, señaló.

Cano: “Otro conchavo político”

José Cano (Radicalismo Federal) fue lapidario: “Tucumán no puede tener Subsidio de Salud, Caja Popular, el ERSEPT intervenido, porque terminan siendo un apéndice del Poder Ejecutivo”. Recordó el paso de Lausberg por la vicepresidencia de Canal 10, donde tuvo “una participación realmente lamentable” y propició denuncias judiciales que quedaron en la nada, además de una “brutal caída en la facturación de publicidad”. Sentenció: “Honestamente, no encuentro absolutamente ninguna fundamentación, salvo que estamos creando otro conchavo político”.

Cuestionamientos a la idoneidad y ambigüedad

Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) observó que la designada es abogada especialista en Derechos Humanos y género, no en administración y finanzas. “Ponen a alguien con competencia específica administrativa financiera. No, ponen una abogada especialista en Derechos Humanos y género”, criticó. También alertó sobre la ambigüedad del cargo: “Esto no deja claro si la subintervención puede tomar decisiones propias, si actúa por delegación, cuál va a ser su régimen de responsabilidad; lo único que va a traer va a ser más problemas con competencias difusas”.

La defensa oficialista: urgencia subjetiva y coherencia

Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) argumentó que el concepto de necesidad y urgencia es subjetivo del gobernador. “Debatir aquí la categoría jurídica de la necesidad y urgencia es un absurdo, porque el concepto de necesidad y urgencia es netamente subjetivo”, afirmó. Sobre Lausberg, defendió: “Si a alguno no le gusta la subinterventora porque defendía a los trapitos, a los sectores populares o los que no pueden pagar grandes estudios jurídicos ¿por eso no tiene capacidad para ser subinterventora? porque defendía a los negros”.

Carolina Vargas Aignasse justificó el uso del DNU por “paralelismo de formas”, ya que tanto la intervención original como la designación de Ascárate se hicieron por DNU. Sin embargo, admitió: “Realmente no creo que sea una buena práctica el hacer designaciones por decreto de necesidad y urgencia”. Defendió a Ascárate: “Decir que se está poniendo una subinterventora para controlar al interventor me parece primero una falta de respeto hacia el ingeniero Ascárate”.