La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dictó una resolución que obstruye el intento de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, de frenar el decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad. El tribunal, integrado por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la ex presidenta y allanó el camino para continuar con los trámites que permitan devolver al Estado Nacional 111 propiedades vinculadas a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

A partir de esta decisión, a Cristina Kirchner y a sus hijos sólo les resta la instancia de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso específico de Máximo y Florencia Kirchner, están en riesgo 19 inmuebles que recibieron por herencia o cesión. El decomiso alcanza un monto total de 684.990.350.139,86 pesos, fijado como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta que pesa sobre la ex mandataria, quien actualmente cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Los fundamentos de la mayoría

Por mayoría, los jueces Hornos y Barroetaveña desestimaron todos los planteos. En su voto, Gustavo Hornos sostuvo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. El magistrado advirtió que los delitos vinculados a la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

Sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, Hornos concluyó que ya existía una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la sentencia previa y que las defensas sólo manifestaron su disconformidad con el criterio adoptado. También rechazó el argumento que sostenía que el decomiso de bienes heredados o recibidos gratuitamente violaba principios constitucionales como legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. “La transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”, afirmó.

El voto en minoría de Borinsky

El camarista Mariano Borinsky votó en disidencia parcial. Consideró inadmisible el recurso de Cristina Fernández de Kirchner, pero entendió que correspondía habilitar la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a determinadas empresas de Lázaro Báez. Se trata de inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha que el tribunal de ejecución tomó como punto de partida para evaluar los bienes alcanzados.

Borinsky señaló que “el decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio”. Los bienes en cuestión incluyen diez departamentos ubicados en Mitre 535 de Río Gallegos, Santa Cruz, y los cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces en Lago Argentino, también en esa provincia. En cuanto a Lázaro Báez, la disidencia alcanza a inmuebles de dos empresas que adquirió: Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto.

El escenario actual

Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta, ya se consultó a la Corte Suprema si dispondrá de alguna de las propiedades. Con el rechazo de Casación, la única vía que le queda a la defensa es la queja directa ante el máximo tribunal, aunque los jueces de la sala IV dejaron en claro que consideran firme la condena y el decomiso como una herramienta para desalentar el enriquecimiento ilícito.