El 13 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió la Acordada N° 403/26, un documento de lenguaje estrictamente administrativo que dispone una reorganización en la asistencia de los Juzgados del Trabajo del Centro Judicial Capital. La medida, que se hará efectiva el 29 de mayo, establece que el Juzgado de la V° Nominación será asistido por la Oficina de Gestión Asociada (OGA) del Trabajo N° 3, mientras que el de la XII° Nominación pasará a depender de la OGA N° 1. Lo que el texto no refleja es el conflicto que habría motivado la decisión.

La jueza Constanza Romero, titular del Juzgado de la V° Nominación –que hasta el cambio dependía de la OGA N° 1– habría acumulado desavenencias con Gustavo Grucci, director de esa oficina. Según pudo confirmar este medio, el descontento no habría sido exclusivo de la magistrada: los otros tres jueces que integran el esquema de la OGA N° 1 habrían respaldado a su colega y presentaron formalmente un pedido para que Grucci fuera removido de su cargo. La respuesta de la Corte fue contraria a lo solicitado. En lugar de desplazar al director cuestionado, las autoridades decidieron trasladar a la jueza que había encabezado las quejas.

El trasfondo institucional aporta más elementos al caso. Grucci mantiene una cercanía con Josefina Sánchez, responsable de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión de la Corte –el mismo organismo que la Acordada 403/26 designa, junto con la Oficina de Gestión Judicial, para implementar la reestructuración ordenada–. A su vez, Sánchez es reconocida como una persona de confianza del presidente del máximo tribunal provincial, Daniel Leiva.

Previamente a la emisión de la acordada, los jueces involucrados mantuvieron un encuentro directamente con el presidente de la Corte. De esa reunión también participaron Josefina Sánchez y Leonardo Zelarayán, al frente de la Oficina de Gestión Judicial. Los magistrados que habían solicitado el cambio del director consideraron que el desenlace del encuentro estaba sellado de antemano.

La acordada oficial invoca, como fundamento, “ajustes organizativos” y el propósito de optimizar la “capacidad operativa” para justificar el intercambio de los juzgados entre las OGAs.