La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se encuentra sumida desde hace una semana en una creciente tensión institucional a raíz de dos presentaciones formales por violencia de género. Una de las denuncias apunta a un estudiante que se desempeñaba como ayudante de cátedra y consejero estudiantil; la otra, contra un empleado no docente. Ambos casos activaron el Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género y Discriminación de la casa de estudios, lo que derivó en una sucesión de asambleas, comunicados oficiales y reclamos colectivos que continúan en pleno desarrollo dentro de la comunidad universitaria.

Según relatos surgidos en asambleas públicas y difundidos entre estudiantes, el joven acusado –que también integraba el Centro de Estudiantes– habría solicitado a varias compañeras sus claves de acceso a correos electrónicos institucionales, al Campus Virtual y al sistema SIU, bajo excusas vinculadas a tareas académicas o de representación. Con esas credenciales y mediante la petición de “favores”, habría ingresado sin permiso a cuentas personales y, desde allí, accedido a fotografías íntimas guardadas en servicios de nube. Voceras de las asambleas señalaron que las situaciones denunciadas podrían afectar a más de treinta alumnas y que los hechos se habrían iniciado en el año 2022.

Ante la gravedad de los señalamientos, la Facultad emitió un comunicado oficial en el que recordó que las contraseñas del Campus Virtual y del correo electrónico son intransferibles y personales. El texto añadió que “el acceso no autorizado a archivos privados, la invasión a la intimidad y el ciberacoso constituyen conductas graves y son formas de violencia de género”, enmarcadas en la Ley Olimpia N.° 27.736. Hasta el momento no se han radicado denuncias penales, aunque las jóvenes afectadas se estarían organizando para hacerlo, según publicaciones en redes sociales.

Gabriela González, secretaria de Extensión y responsable del Espacio de Género y Diversidad, confirmó que ambas denuncias se encuentran en trámite y aclaró que un acercamiento informal previo no equivale a una presentación formal. Por su parte, Patricia Gerbán, desde Asuntos Jurídicos de la UNT, remarcó el carácter reservado del procedimiento: “Su tramitación es reservada a los fines de proteger la identidad de las víctimas”.

Sin embargo, en las asambleas estudiantiles varias alumnas cuestionaron la lentitud del proceso. Señalaron que existían denuncias informales que circulaban dentro del Centro de Estudiantes desde 2022 y que, pese a ello, no se habían dictado suspensiones preventivas. En el caso del trabajador no docente, la única medida adoptada habría sido un cambio de horario –del turno noche al turno mañana– sin modificar su lugar de trabajo, cuando el protocolo universitario contempla la posibilidad de suspender al denunciado por hasta noventa días de forma preventiva.

El lunes 18 de mayo, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CUEFyL), conducido por La Bolívar MPE, manifestó que había tomado conocimiento de las denuncias “en los últimos días” y aseguró que el estudiante señalado ya no pertenece a ningún espacio de la agrupación. Testimonios recogidos en asambleas posteriores cuestionaron esa versión: afirmaron que la situación había sido comunicada con anterioridad y que la organización no habría actuado en consecuencia. Además, el comunicado del Centro divulgó el nombre del acusado, una decisión que, según las damnificadas, no fue consultada con ellas y contradijo su pedido explícito de evitar el escrache público.

El jueves 21 de mayo, el Ágora de la facultad albergó una asamblea extraordinaria convocada inicialmente por estudiantes de Trabajo Social, que rápidamente se extendió a otras carreras como Ciencias de la Educación, Comunicación e Inglés. Antes del inicio, un grupo de jóvenes solicitó que una persona presente en el recinto se retirara, argumentando que se trataba de un acosador. En ese mismo espacio se hizo pública por primera vez la segunda denuncia contra el trabajador no docente. Entre las resoluciones votadas se destacaron: la creación de comisiones de Género y Diversidad por carrera y una general, la suspensión preventiva de los dos denunciados, y que la Facultad se constituya como querellante en un plazo de cinco días hábiles. También se repudió al CUEFyL por su inacción, se exigió una revisión del protocolo institucional y se acordó trabajar en campañas de concientización sobre seguridad digital para los ingresantes. Se fijó como fecha tentativa el jueves 28 de mayo para una sentada frente al edificio.

Al día siguiente, viernes 22, la carrera de Ciencias de la Educación convocó a una nueva reunión abierta a toda la facultad con la participación de las propias víctimas. Allí se repitió una escena similar: una estudiante pidió que se retirara a otra persona a quien identificó como acosador, lo que volvió a generar un clima de tensión. Ese mismo día comenzaron a circular en redes sociales flyers con imágenes y datos de los dos denunciados y de un tercer joven, en un formato de escrache que las víctimas habían expresamente pedido evitar.

Ante las dudas sobre los tiempos de respuesta institucional, empezaron a difundirse en Facebook mensajes orientando a las afectadas a recurrir directamente a la justicia penal. Se detalló que la Unidad Fiscal de Género N.° 3 atiende en el teléfono 381-599-1371. También se recordó la línea nacional 144, gratuita, confidencial y operativa las 24 horas los siete días de la semana, para quienes hayan atravesado situaciones de violencia.

El mismo viernes 22, tanto la Facultad como la Federación Universitaria de Tucumán (FUT) emitieron pronunciamientos públicos. La Facultad sostuvo que el Espacio de Género y Diversidad había intervenido “de manera oportuna e inmediata desde el primer momento” y que las acciones se iniciaron antes de que la situación tomara estado público. La FUT, por su parte, expresó su “más enérgico repudio”, identificó al acusado como miembro de MPE y reafirmó su compromiso de construir espacios universitarios libres de violencia. El domingo 24, Lucía Gastaminza, presidenta de La Bolívar y del CUEFyL, publicó una carta abierta en la que reconoció: “Hace una semana descubrimos que teníamos un compañero abusador”. Pidió disculpas a las afectadas y se comprometió: “No voy a parar hasta que todo sea como lo soñamos”.

Estos tres pronunciamientos llegaron luego de varios días de reclamos estudiantiles por la falta de respuestas, en vísperas de la sentada prevista para el jueves 28 y en un contexto político particular: las elecciones del Centro de Estudiantes están programadas para el 16 y 17 de junio. En las asambleas, algunas estudiantes recordaron la toma de la facultad de 2013, cuando la comunidad se movilizó ante casos de abuso sexual en zonas aledañas al edificio, un antecedente que demuestra que la memoria sobre la violencia de género en ese espacio tiene historia y que la respuesta organizada tampoco es nueva.