El fiscal federal Diego Luciani presentó un pedido formal ante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) para que se decrete el decomiso del departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La solicitud, difundida en las últimas horas por medios nacionales, forma parte de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por el Ministerio Público Fiscal. El objetivo central es cubrir el monto que la Justicia fijó como perjuicio económico al Estado en el marco de la causa Vialidad, una cifra cercana a los 685 mil millones de pesos.

El inmueble de San José 1111 es uno de los 141 bienes inmuebles que integran el nuevo listado presentado por la fiscalía. Según el dictamen del fiscal, esa propiedad —al igual que el resto de los activos señalados— estaría vinculada al entramado patrimonial investigado en la causa que tuvo como eje central la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Por ese motivo, la Fiscalía sostiene que debe ser incorporado al decomiso para contribuir al resarcimiento del daño económico.

El listado completo de bienes que busca decomisar la Fiscalía

El requerimiento de Luciani no se limita al departamento donde reside actualmente la exmandataria. El dictamen incluye un total de 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a sociedades vinculadas al entorno familiar de los Kirchner y otros 128 a empresas asociadas al contratista Lázaro Báez. A esa lista se suman 46 automotores, 4.664.000 dólares estadounidenses guardados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, 992.134 dólares depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos.

Entre los activos más emblemáticos que podrían ser decomisados se encuentran el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén, el chalet ubicado sobre la costanera de Río Gallegos, además de diversas propiedades y terrenos en Santa Cruz. Esta segunda tanda de decomisos se suma a la primera etapa, que ya había alcanzado más de un centenar de propiedades de los condenados.

Los argumentos del fiscal y el estado judicial del pedido

En su presentación, Luciani argumentó que los condenados en la causa Vialidad fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia como perjuicio al Estado, pero que hasta el momento “no han depositado ni un solo peso”. Esa circunstancia, señaló el fiscal, habilita legalmente la ejecución de sus bienes. Además, sostuvo que la magnitud del patrimonio identificado refleja “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados.

El pedido quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, cuyos jueces son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. El tribunal deberá resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de ejecución patrimonial. En paralelo, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos continúa presentando recursos judiciales para frenar la medida, una estrategia que podría llevar el caso nuevamente hasta la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal también tendrá la última palabra sobre el destino final de los bienes decomisados, ya sea mediante su administración, asignación institucional o subasta.