Un día después de que miles de personas coparan Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, el oficialismo salió a minimizar el peso político de la convocatoria. En declaraciones a Radio Mitre, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que ninguna movilización, por masiva que sea, altera el techo presupuestario existente: “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.

Para el funcionario, el margen de maniobra del Estado para ampliar el financiamiento universitario no responde a la cantidad de manifestantes sino a las leyes vigentes y a las partidas ya asignadas en el presupuesto nacional. En esa línea, calificó como “nacida muerta” a la norma de financiamiento impulsada por la oposición: “La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, argumentó, recordando que “la ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.

Legitimidad de las urnas versus legitimidad de la calle

Álvarez trazó una distinción tajante entre el derecho a protestar y la potestad para definir políticas públicas. “El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, afirmó, y agregó: “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”. Bajo esa mirada, el subsecretario sostuvo que las recientes marchas no han sido cooptadas por la política, sino que son en sí mismas acciones políticas: “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Como prueba de ello, apuntó al “vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres”, a quien describió como “un político profesional que se presenta como profesor”. También observó una incoherencia en Torres: defiende el ingreso irrestricto mientras en su propia institución rigen cupos impuestos por fallos judiciales.

Recursos mal distribuidos y carreras con baja matrícula

La entrevista derivó en un extenso diagnóstico sobre la administración del presupuesto universitario. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, remarcó Álvarez, aunque advirtió que hoy existe una “desvirtuación completa” porque parte del dinero se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” en detrimento de la formación académica.

Como ejemplo de ineficiencia, mencionó carreras con un puñado de alumnos: “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”. A su juicio, redirigir esos recursos hacia disciplinas con mayor demanda, como Ingeniería, encuentra fuertes resistencias internas.

Álvarez denunció que el actual mecanismo de reparto de fondos “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. Por eso, anunció como objetivo la implementación de “indicadores objetivos” que permitan priorizar áreas estratégicas. Para graficar las disparidades, aportó dos cifras: un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado cincuenta millones de pesos, mientras que un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda cuatrocientos veintitrés millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, ejemplificó.

El subsecretario también instó a repensar la misión social de las casas de estudio. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… No la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, sentenció.

Acceso, cupos y estudiantes extranjeros en la mira

En el capítulo dedicado al ingreso, Álvarez planteó una discusión que consideró postergada: “El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”. Por esa razón, abogó por debatir sistemas de admisión y ponderó los modelos de examen obligatorio y cupo que funcionan en otros países.

En cuanto a los alumnos extranjeros, el funcionario recordó que “hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros”. Observó que muchos de ellos cursan toda su carrera en Argentina y luego regresan a sus países de origen, y lanzó una frase polémica: “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”. Finalmente, defendió la adopción de mecanismos de ingreso selectivo con una reflexión final: “Si cambiamos la lógica de derecho absoluto y se empieza a exigir esfuerzo, se revaloriza el lugar obtenido”.