El Gobierno de Tucumán concretó este viernes la demolición de construcciones levantadas de manera ilegal en una zona de alto riesgo de inundaciones perteneciente al Río Salí. La medida, enmarcada en una política de ordenamiento territorial y defensa del patrimonio público, fue anunciada por el Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, quien explicó que se aplicó el procedimiento de autotutela administrativa previsto en el Decreto Nº3.664/1 (FE).

“Hoy procedimos a la demolición de las construcciones indebidas emplazadas en este sector, recuperando un espacio público que pertenece a todos los tucumanos”, comentó Ferrazzano. La intervención se sustenta en la Resolución Nº156 de la Dirección Provincial de Aguas (DPA), que tras inspecciones en el área constató la existencia de edificaciones, loteos, viviendas, galpones y actividades comerciales asentadas dentro del dominio público hidráulico y en plena zona de riesgo hídrico.

Desde la administración provincial remarcaron que la recuperación de tierras fiscales y la liberación de zonas vulnerables a crecidas constituyen una política de Estado. El objetivo es preservar el patrimonio de la provincia, proteger la seguridad de los habitantes y desalentar nuevas ocupaciones ilegales en sectores propensos a anegamientos.