La madrugada de este miércoles encontró a los taxistas de San Miguel de Tucumán recalibrando los relojes tarifarios de sus unidades. A partir de las 0 horas del 8 de julio de 2026 empezó a aplicarse un aumento del 33% en el servicio, que llevó la bajada de bandera a $1.200 y la ficha a $120. La modificación había sido promulgada por el Ejecutivo municipal luego de una ajustada votación en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo reunió nueve adhesiones contra siete rechazos.

El presidente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, Julio Rodríguez, atribuyó el incremento al deterioro de la ecuación económica del sector. En declaraciones a este medio, sostuvo: “Esto viene a paliar la situación que venimos soportando. Los combustibles aumentaron, el GNC tuvo dos incrementos en pocas semanas y los insumos siguen subiendo muy por encima de los índices oficiales”. El dirigente confirmó además que la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, le comunicó personalmente la promulgación de la ordenanza, paso administrativo indispensable para habilitar la nueva tarifa.

Rodríguez también puso el foco en los mecanismos de fiscalización previstos para la puesta en marcha del nuevo cuadro. Explicó que los controles apuntan a detectar eventuales manipulaciones en los dispositivos, en especial en aquellos automóviles que ya cuentan con precintos de seguridad instalados por el municipio en inspecciones anteriores.

Pero la actualización tarifaria no transcurre en un escenario aislado. Mientras los choferes ajustaban los relojes, la pulseada entre el servicio regulado y las plataformas digitales sumaba un nuevo capítulo. La Municipalidad informó que Uber y DiDi todavía no adecuaron sus operaciones a la ordenanza que rige la actividad y que, por ese motivo, ya fueron intimadas mediante cartas documento para que cumplan con los requisitos normativos.

Rodríguez respaldó la medida oficial, aunque aclaró que el objetivo no es excluir a las aplicaciones del mercado. “Queremos que todos trabajen bajo las mismas reglas”, planteó. La misma organización que él preside impulsó una causa judicial contra Uber, cuyo expediente se encuentra actualmente en el fuero Contencioso Administrativo. La derivación se produjo luego de que la Cámara Civil y Comercial se declarara incompetente para intervenir.

Desde el gremio advirtieron que, si las empresas no regularizan a sus conductores, podría ponerse en marcha un operativo de secuestro de los vehículos que circulen sin cumplir las exigencias legales. La dirigencia considera que una decisión de ese tipo elevaría aún más la tensión en el sistema de transporte de la capital tucumana.