Entre el inicio de la administración de Javier Milei y el 31 de marzo de 2026, la llamada “deuda estatal neta” de la Argentina se redujo en el equivalente a USD 23.151 millones, según un estudio elaborado por Pablo Repetto, jefe de Research de Auren Valores (agencia de liquidación y compensación). Sin embargo, ese resultado global esconde dos etapas con signos opuestos: hasta fines de 2024 la deuda neta había disminuido en USD 44.423 millones, mientras que entre enero de 2025 y marzo de 2026 (un lapso de 15 meses) aumentó en USD 21.272 millones.

El concepto de deuda estatal neta consolida las obligaciones del Tesoro nacional y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero también incorpora los activos de ambos organismos. A diferencia de la deuda bruta, esta medición ofrece una visión más precisa de la conducta fiscal y financiera de una gestión presidencial, ya que incluye la evolución de las reservas internacionales y la deuda tanto en pesos como en dólares, con acreedores locales, externos y organismos multilaterales.

El informe de Repetto contrasta con los discursos políticos que suelen focalizarse únicamente en la deuda en divisas con el exterior o con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, según datos de la Secretaría de Finanzas difundidos dos semanas atrás por Infobae, la deuda pública bruta de la administración central ascendió en marzo de 2026 a USD 483.830 millones (equivalente al 57,9% del PBI implícito en los cálculos del BCRA), de los cuales el 46% es pagadera en pesos y el 54% en moneda extranjera. Ese incremento mensual de USD 11.695 millones se debió a nuevas colocaciones, bonos ajustables y diferencias cambiarias.

El trabajo de Auren Valores también repasa la evolución de la deuda estatal neta durante las cuatro gestiones presidenciales previas. El mayor aumento se registró bajo Alberto Fernández: más de USD 104.000 millones, de los cuales más del 71% correspondió a deuda en pesos (que el gobierno de entonces celebraba como “financiamiento neto positivo”). En segundo lugar figura el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con un incremento de USD 69.525 millones, seguido por la gestión de Mauricio Macri, con USD 45.220 millones. Macri, a su vez, fue quien más aumentó la deuda en dólares (USD 64.129 millones), mediante colocaciones en Wall Street y el mega préstamo del FMI, aunque logró reducir la deuda en pesos y elevar las reservas del BCRA. Por el contrario, las gestiones de CFK y Alberto Fernández depredaron reservas por más de USD 62.000 millones en total: las reservas netas cayeron de USD 39.674 a USD 4.517 millones entre 2011 y 2015, y de USD 16.501 a menos USD 10.569 millones entre 2019 y 2023.

En cuanto a la administración de Milei, el contraste entre los primeros meses y el período siguiente es “abrumador”, según Repetto. La reducción inicial de USD 44.423 millones durante 2024 se explicó por dos factores principales: el salto inicial del tipo de cambio licuó en términos dólar la deuda en pesos del BCRA (que era a tasa fija), y al comienzo hubo acumulación de reservas netas (aunque siguen siendo negativas, la medición del indicador mejoró). En cambio, entre enero de 2025 y marzo de 2026, la deuda neta aumentó USD 21.272 millones por razones opuestas: el tipo de cambio se apreció y toda la deuda ajustada a tasa de interés en pesos tuvo un crecimiento muy superior al del dólar. Ese aumento está muy concentrado dos operaciones: la ampliación del préstamo del FMI (abril de 2025) y unos USD 6.000 millones en operaciones repo que el BCRA utilizó para mejorar su situación patrimonial.

Repetto advierte que el gobierno recurrió a organismos internacionales y a los repo para cancelar deuda en dólares con el sector privado. El problema, señala, es que la deuda con el FMI y con los bancos (vía repo) tiene una suerte de prioridad de cobro (seniority), mientras que la deuda de mercado es más junior. “Es muy difícil que con un organismo internacional o bancos que prestaron vía repo se pueda negociar un canje o alargar plazos”, explica. Y agrega que los acreedores privados, al percibir que la deuda senior es muy grande, aumentan la tasa de rendimiento que exigen para cubrirse ante un eventual default, sabiendo que Argentina tiene un historial de incumplimientos. Así se produce una paradoja: el compromiso fiscal del gobierno actual no alcanza para reducir la percepción de riesgo, y la estructura de bonos existentes agrava el problema. “No es lo mismo tener un bono AL30 o GD30 con tasa inferior al 1% anual que el AO28 que emiten ahora al 8% anual”, concluye Repetto. El requerimiento fiscal primario para la nueva deuda es mucho más alto, y el margen para seguir endeudándose con el FMI ya es muy limitado, mientras que el endeudamiento con otros organismos también es elevado.