La Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos (SESMEP), conducida por Carlos “Alito” Assán, intentó desembolsar 26.985.000 pesos a la compañía Coltrans SRL por servicios de camiones volcadores, retroexcavadoras y motoniveladoras prestados a finales de febrero pasado. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas (TC) de Tucumán emitió una observación con carácter de “formal oposición” mediante el Acuerdo N° 1327, fechado el 28 de abril de 2026, tras hallar múltiples anomalías tanto en la selección del proveedor como en la ejecución del trabajo.

El expediente forma parte de un contrato mayor que prevé erogaciones por más de 450 millones de pesos hasta junio de este año. El Tribunal no solo objetó la Resolución N° 58/SESMEP que autorizaba el pago, sino que también ordenó una comprobación sumaria para determinar si hubo daño al erario público.

Vicios en la comparación de precios

El informe del TC señala que el procedimiento de cotejo de precios N° 01/2026, utilizado como base para la contratación, contiene “vicios sustanciales” que invalidan su legalidad. Dos episodios resultaron particularmente graves. Por un lado, la empresa Petrolera Anva S.R.L., que figuraba como invitada a cotizar, afirmó que la firma atribuida a su representante Antonio F. Petech no era auténtica y que no recordaba haber presentado ningún presupuesto. Por otro lado, el proveedor Rojano Maximiliano, también convocado al proceso, ya estaba siendo investigado en el expediente N° 119-270-CFG-26 porque su domicilio resultó inexistente.

Para el Tribunal, estos hechos “refuerzan la ausencia de una base fáctica regular para tener por válidamente cumplido el cotejo de precios”, dejando sin sustento la legalidad de la selección del contratista.

Discrepancias en los equipos y perjuicio económico

Además de las fallas administrativas, los técnicos del organismo constataron que la maquinaria efectivamente utilizada no coincidía plenamente con la que se había contratado. La propia repartición pública reconoció una diferencia a favor del Estado de aproximadamente 4,1 millones de pesos. No obstante, la auditoría del TC elevó esa cifra a 5.349.375 pesos, lo que representa un sobrecosto del 28,34% por encima de lo calculado inicialmente por la SESMEP.

“Se verifica una diferencia respecto del monto determinado por la repartición, evidenciándose una insuficiente verificación de los equipos efectivamente utilizados en la prestación del servicio, lo cual derivó en la aprobación de una facturación en perjuicio del erario público en la suma de $5.349.375”, detalla el acuerdo, suscripto por el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

La empresa intentó compensar la diferencia mediante una “nota de crédito”, pero el Tribunal consideró que ese documento no reunía los requisitos legales ni fiscales exigidos, por lo que lo declaró inválido.

Acto viciado e investigación unificada

El organismo concluyó que la resolución que aprobaba el pago es inviable por sus fallas de fondo. “El acto sometido a control presenta vicios que impiden su aprobación en los términos en que fue dictado”, sostiene el acuerdo, y añade que dicho acto “aprueba el pago de una factura sobre la base de una prestación cuya liquidación no se corresponde plenamente con los equipos efectivamente utilizados”. En consecuencia, el Tribunal no solo bloqueó el desembolso, sino que dispuso abrir una investigación formal dentro de la SESMEP.

El caso se vincula con otro expediente que ya estaba en curso por hechos similares, lo que llevó al TC a advertir una “posible continuidad objetiva de un mismo patrón procedimental irregular”. Por esa razón, se decidió unificar las pesquisas. El objetivo final es determinar si existió perjuicio al Estado y deslindar responsabilidades entre los funcionarios y agentes públicos involucrados.