La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos excluyó este jueves 30 de abril de 2026 a Argentina de la Priority Watch List, la máxima categoría de alerta en su informe anual sobre propiedad intelectual, y la reclasificó en la Watch List estándar. Se trata de la primera vez en más de diez años que el país no integra la denominada “lista negra”, un cambio impulsado por la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones en febrero de 2026.

El documento oficial destaca que el ARTI “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”. Argentina acumulaba observaciones desde hacía tres décadas por distorsiones comerciales vinculadas a la falta de respeto por derechos de autor y patentes.

Medidas concretas adoptadas

Entre los compromisos asumidos, el gobierno argentino derogó “limitaciones excesivamente amplias sobre la materia patentable”, que incluían directrices que rechazaban automáticamente solicitudes de patente para ciertas invenciones farmacéuticas. También se eliminó la exigencia de que los procesos de fabricación de compuestos activos fueran reproducibles a escala industrial. Asimismo, el país elaboró informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de demoras en la concesión de patentes.

En materia penal, se establecieron “sanciones disuasorias, incluyendo multas mayores y penas de prisión para la falsificación cometida por redes criminales organizadas”. El acuerdo prevé otorgar autoridad de oficio a las agencias fronterizas, crear un organismo de coordinación para la aplicación de PI y modificar la legislación local para permitir medidas cautelares contra la piratería de derechos de autor.

En el plano operativo, Argentina se comprometió a “aumentar los operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución notorios”, desarrollar una estrategia nacional contra la piratería y la falsificación, publicar estadísticas trimestrales sobre aplicación de PI, hacer responsables a propietarios de inmuebles cuyos inquilinos vendan productos falsificados, y perseguir penalmente a operadores de sitios web dedicados a la piratería comercial.

Derogación de restricciones a patentes farmacéuticas

Un avance crucial ocurrió en marzo de 2026, cuando el gobierno anuló una resolución de 2012 que imponía “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”. Mediante la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministros de Salud Mario Lugones y de Economía Luis Caputo, junto al titular del INPI Carlos María Gallo, se eliminaron los criterios restrictivos. Desde entonces, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evalúa cada solicitud caso por caso, según los estándares de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Reacción de Caeme

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) consideró la reclasificación como “una señal positiva que reconoce avances recientes en materia de propiedad intelectual, en particular la derogación de la Resolución Conjunta N° 118/2012, 546/2012 y 107/2012”. La entidad afirmó que “este cambio representa un paso relevante en la dirección correcta y demuestra que la Argentina puede recuperar previsibilidad, seguridad jurídica e integración internacional cuando adopta reglas claras, técnicas y alineadas con estándares globales”.

Cláusulas agroalimentarias

El ARTI también incluye disposiciones para que Argentina preserve el acceso al mercado estadounidense de quesos y carnes que utilizan nombres comunes, evitando restricciones por el uso de ciertos términos. Además, el país asumió compromisos de transparencia en la protección de indicaciones geográficas (IG), garantizando que productos estadounidenses puedan seguir usando términos que hayan sido protegidos indebidamente como IG.

Desafíos pendientes

Pese a los progresos, el informe señala que Argentina “sigue presentando desafíos históricos”. Los mercados de La Salada y Barrio Once en Buenos Aires continúan siendo identificados como “notorios” por la venta de productos falsificados. Si bien en 2025 se realizaron 60 operativos simultáneos con detenciones, la policía local “generalmente no actúa de oficio” y los procesos se atascan en formalidades. En el ámbito digital, aunque se desmanteló el servicio ilegal de IPTV Magis TV Pro (con cuatro arrestos y una condena), la piratería en línea sigue creciendo y los mecanismos de eliminación de contenidos son lentos y poco eficaces.

En patentes, persisten limitaciones para la patentabilidad de innovaciones biotecnológicas sobre materia viva y sustancias naturales, así como la falta de protección de datos de prueba en los sectores agrícola y farmacéutico. El INPI redujo el atraso en solicitudes, pero las demoras promedio aún alcanzan los seis o siete años. Estados Unidos monitoreará la implementación de estos compromisos a través del Foro de Innovación y Creatividad bilateral creado en el marco del acuerdo TIFA.