La Justicia de Tucumán ordenó el secuestro de teléfonos celulares vinculados a la investigación por presunta administración fraudulenta en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). La medida alcanza, entre otros, a Jorge Berreta y a Daniel Orell, ambos mencionados en la denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone, quien cuestionó el manejo interno de los recursos dentro de la entidad que agrupa a los transportistas locales.

Según consta en la denuncia, existirían presuntas maniobras irregulares en la distribución de fondos y posibles beneficios indebidos en el seno de la estructura de AETAT. A raíz de esa presentación, la causa penal avanzó con nuevas medidas probatorias, entre las que se destaca ahora el análisis de los dispositivos móviles.

Los peritos trabajarán en la extracción de mensajes, documentos, registros y otros elementos digitales que permitan corroborar o descartar las acusaciones. En ese marco, fuentes judiciales indicaron que Berreta entregó voluntariamente su teléfono personal para ser peritado durante los procedimientos realizados en la sede de la asociación.

La investigación está a cargo del fiscal Mariano Blanno, quien ya había reunido material secuestrado en allanamientos previos y ahora incorporará evidencia digital al expediente. El objetivo de la fiscalía es reconstruir los posibles circuitos de decisión internos y determinar si existieron conductas compatibles con administración fraudulenta o estafa.

El caso profundiza las tensiones internas dentro del sector del transporte tucumano y podría derivar en nuevas medidas judiciales. Por el momento, la investigación avanza con reserva, aunque no se descarta que el expediente tenga consecuencias de alto impacto en la conducción de AETAT.