Una investigación judicial por el circuito paralelo del dólar blue mantiene en vilo a la City porteña y al arco político. El fiscal federal Franco Picardi lidera una causa que, bajo estricto secreto de sumario desde hace dos meses, apunta a una presunta connivencia entre funcionarios públicos y cambistas que habría movido al menos US$900 millones durante la etapa de mayor rigidez del cepo cambiario.

El negocio, según los investigadores, era sencillo pero letal: se conseguían divisas a valor oficial cuando todo era restricción y se las volcaba directamente al mercado paralelo. La rentabilidad dependía de la brecha entre el dólar oficial y el blue, que en la época de máxima tensión llegó a dejar ganancias del 100%. Recién en 2025, el Banco Central (BCRA) comenzó a cerrar sus primeros sumarios internos que dieron cuenta de la magnitud del entramado.

Lo que empezó con el señalamiento de financistas y casas de cambio se convirtió en un megaexpediente unificado. Según documentación exclusiva a la que accedió LA NACION, hay al menos cinco funcionarios y 34 empresas en la mira. El pasado 20 de marzo, la División Operaciones Federales de la Policía Federal realizó una segunda tanda de allanamientos simultáneos, donde se secuestraron dispositivos electrónicos, dinero y documentación vinculada a una amplia red de implicados.

Quiénes están en la mira de la Justicia

Entre los financistas y empresarios investigados figuran Elías Piccirillo (detenido en su domicilio), su exsocio Martín Migueles, Francisco Hauque, Matías Bocca y Ariel Vallejo (dueño de Sur Finanzas). También se investiga a la firma “N y M Cambio SA”, adquirida en enero de 2021 por Eduardo y Mauro Piccirillo, padre y hermano del financista.

Otro de los nombres llamativos es el del “Changarín del rulo”: la agencia Centenera, creada por un colocador de aire acondicionado que vive en un barrio humilde de la periferia de Santa Fe. Esa agencia registró ventas por $9.200 millones solo en el primer semestre de 2023.

En cuanto al sector oficial, están bajo la lupa cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, encargados de controlar a las casas de cambio, y Valeria Fabiana Fernández, una auditora externa del Central que habría avalado los balances de casas de cambio clave como Mega Latina y Stema Cambios. La lista completa de empresas incluye 27 agencias de cambio, tres sociedades de comercio exterior, dos bancos, una emisora de tarjetas de crédito y una fintech.

El esquema y la pérdida de trazabilidad

El Banco Central, actualmente presidido por Santiago Bausili, detectó el mecanismo a través de sumarios internos. “Se sospechó de la legalidad de estas operaciones a raíz de múltiples indicios que alertaron sobre un mecanismo en apariencia regular, pero cuya finalidad era adquirir divisas a valores oficiales para abastecer al mercado paralelo”, señala uno de los informes.

El indicador crítico fue la pérdida de trazabilidad. Las agencias de cambio recibían enormes transferencias en pesos de terceros, pero extrañamente no registraban operaciones de venta de divisas en sus libros. Los billetes simplemente “desaparecían” hacia el circuito informal.

2023: el año del estallido cambiario

Según un relevamiento, las casas de cambio investigadas por el fiscal Picardi registraron ventas de moneda extranjera por $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024. El 91,5% de esas transacciones ocurrieron exclusivamente en 2023. Tras el cambio de gobierno, la mayoría de estas agencias apagaron sus operaciones.

Arg Exchange, de Elías Piccirillo, vendió $60.804 millones en el segundo semestre de 2023. En 2024, sus ventas cayeron a cero. Mega Latina llegó a vender $59.000 millones en el mismo período y luego quedó inactiva. Gallo Cambios, protagonista del sumario más grande resuelto por el BCRA, movió US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. “El 92,71% fueron entregados en billetes físicos, haciendo perder la trazabilidad bancaria”, determinó el informe oficial. Los responsables de la agencia se defendieron acusando a la normativa del BCRA de ser “cuna de deficiencias”.

Audios explosivos y el “Lobo” arrepentido

La causa cobró impulso gracias a la declaración de un arrepentido: Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo. Smith reveló la existencia de un pendrive guardado en la guantera de su BMW X6, que luego fue secuestrado por el juez Ariel Lijo. Ese dispositivo contenía un escrito de 70 páginas con nombres propios y grabaciones.

En uno de los audios atribuidos a Romina García, funcionaria del BCRA, se la escucha decir: “Había gente de arriba entongada”. En otra grabación, los financistas Hauque y Piccirillo mencionan al exministro de Economía: “¿Vos te pensás que Massa los va a ayudar? Se lava las manos”, afirma el primero.

Las defensas cuestionan la autenticidad de las grabaciones. No obstante, el levantamiento de secretos bancarios, la información extraída de los teléfonos allanados y las nuevas pistas han puesto en vilo a gran parte del sistema financiero y político nacional.