Una empleada de una panadería de 28 años se convirtió en imputada por la presunta utilización de un documento público adulterado. La mujer había concurrido a las dependencias de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria de la provincia, situadas en la calle Lavalle al 500 de San Miguel de Tucumán, con el propósito de tramitar una habilitación profesional como enfermera.

La acusación fue formalizada por el Ministerio Fiscal a través de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, cuyo titular es el fiscal Fernando Blanno. En la audiencia correspondiente, la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal fue la funcionaria encargada de detallar ante el juez los pormenores de la investigación.

La maniobra detectada

Según surge del expediente, los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2023. Ese día, la sospechosa se presentó en la repartición estatal con la intención de conseguir su matrícula profesional. Como respaldo de su formación, exhibió un título analítico que la señalaba como graduada de la Escuela de Enfermería dependiente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

No obstante, los funcionarios públicos advirtieron de inmediato anomalías en el documento. El presunto título carecía de las formalidades esenciales: no estaba impreso en papel oficial ni contenía las legalizaciones exigidas por la normativa vigente para ese tipo de acreditaciones.

Posteriormente, los investigadores profundizaron las comprobaciones. Así lograron establecer que la persona imputada no registraba ningún vínculo con la institución educativa mencionada. La base de datos de la escuela no contenía su nombre como egresada, lo que terminó de confirmar la falsedad del documento presentado.

Las medidas impuestas

En el transcurso de la audiencia, la representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad por un lapso de tres meses. Entre las condiciones fijadas, la acusada deberá comprometerse formalmente a someterse al proceso judicial, a no obstaculizar la producción de pruebas y a concurrir cada quince días a la comisaría más cercana a su lugar de residencia para estampar su firma en el libro de comparendos.