A poco más de un mes del vencimiento de la actual ley de emergencia del transporte público de pasajeros, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para extender la vigencia de la medida hasta mayo de 2028, con una cláusula que habilita una prórroga adicional de dos años si persisten las causas que le dieron origen. De concretarse esa posibilidad, el estado de excepción podría prolongarse hasta 2030.

El proyecto lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Obras, Servicios y Transporte, Marcelo Nazur. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que “subsisten las causales que dieron origen a la declaración de la emergencia” en 2022, agravadas por los incrementos en los costos de combustible y salarios que afectan al sector del transporte de pasajeros.

La iniciativa no solo propone ampliar la emergencia hasta el 31 de mayo de 2028, sino que además faculta al Ejecutivo a otorgar subsidios o compensaciones mensuales a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). El objetivo declarado es “asistir al sector alcanzado por la emergencia y a fin de garantizar la prestación y calidad del servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo”. El monto de esas ayudas quedará sujeto a las disponibilidades del Tesoro provincial, y las empresas beneficiarias deberán comprometerse a mantener la dotación de empleados.

Auxilios estatales en dos niveles

La extensión de la emergencia se inscribe en un esquema de asistencia financiera que ya viene ejecutándose. Recientemente, la Provincia oficializó la transferencia de 4.900 millones de pesos correspondientes a abril para las empresas de colectivos, con el fin de amortiguar el impacto de la eliminación de subsidios nacionales y el aumento de los costos operativos. Según el Decreto N° 667/8, los incrementos en insumos, repuestos y salarios presionan sobre la estructura financiera de las firmas, y la asistencia busca garantizar el acceso de la población a un servicio considerado esencial.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán también intervino directamente

La gestión de la intendenta Rossana Chahla acordó un adelanto de 900 millones de pesos para las líneas urbanas ante la falta de fondos federales. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, detalló que la comuna inyecta mensualmente cerca de 1.600 millones de pesos para mantener el servicio activo, asumiendo gastos que antes correspondían a la Nación, como el Atributo Social de la tarjeta SUBE, que demanda 400 millones de pesos por mes. “Se sostiene con gran sacrificio y recursos propios”, afirmó Arnedo, y subrayó que el objetivo es evitar que la crisis recaiga sobre los usuarios.

Alerta desde el sector privado

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán mantiene una postura de alerta permanente. Su vicepresidente, Jorge Berretta, afirmó que el sistema enfrenta una “situación límite” y que, ante la escalada de costos en gasoil y mano de obra, “si no se contemplan los costos, el sistema no cierra”. Berretta remarcó que el transporte está inmerso en una crisis de larga data y que el Estado debe garantizar la “ecuación económica mínima de las empresas”, ya que el esfuerzo privado mediante el endeudamiento no resulta suficiente para sostener la prestación del servicio.