El expediente judicial que busca frenar una posible nueva postulación del rector Sergio Pagani en la Universidad Nacional de Tucumán recibió un dictamen clave del Ministerio Público Fiscal. Si bien el fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz avaló la competencia de la Justicia Federal, al mismo tiempo recomendó desestimar la acción por considerarla prematura y abstracta.

La demanda fue presentada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, candidatos a rector y vicerrectora, quienes pidieron una acción declarativa de inconstitucionalidad para que se interprete que los artículos 17 y 190 del nuevo estatuto universitario prohíben a Pagani buscar un tercer mandato consecutivo. También solicitaron una medida cautelar que impida cualquier inscripción en ese sentido.

El núcleo del dictamen: no hay “caso”

El fiscal analizó el planteo y detectó un problema de base: la inexistencia de un acto concreto que afecte derechos de manera actual. Según su dictamen, fechado el 17 de abril, los demandantes se apoyan en “rumores”, declaraciones periodísticas y una situación hipotética futura —la eventual candidatura de Pagani— pero no en una postulación formal ni en una decisión adoptada por la Junta Electoral de la UNT.

“No se configura un estado de incertidumbre jurídicamente relevante”, sostuvo el fiscal, al tiempo que calificó el reclamo como “abstracto o preventivo”. En consecuencia, consideró que la acción declarativa no es procedente por falta de un caso concreto.

Legitimación activa en duda

El dictamen también puso en cuestión la legitimación de Cabrera y Abdala para presentar la demanda. Si bien los actores invocan su condición de candidatos, el fiscal señaló que el perjuicio que alegan es “eventual” y depende de hechos que aún no ocurrieron —como la efectiva inscripción de Pagani—. Por lo tanto, no se acredita un interés jurídico directo, actual e inmediato.

Caída de la medida cautelar

Como corolario, el Ministerio Público también rechazó la posibilidad de dictar la medida cautelar solicitada. El fiscal recordó que este tipo de resoluciones son accesorias a una acción principal que, en este caso, no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad.

Un dictamen no vinculante pero con peso

El pronunciamiento del fiscal no es obligatorio para el juzgado federal que tiene el expediente, pero constituye una señal relevante. Si el tribunal confirma este criterio, la discusión de fondo sobre la interpretación del estatuto y la posibilidad de un tercer mandato quedaría, al menos por ahora, sin tratamiento judicial.

Mientras tanto, el cronograma electoral de la UNT continúa su curso. La eventual candidatura de Pagani sigue siendo el punto de tensión central, aunque aún no se ha materializado en una inscripción formal.