El Gobierno nacional retiene más del 60% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, fondos que por ley deben ser transferidos a las provincias bajo distintos conceptos. Esta situación generó el año pasado pérdidas cercanas a los 3 billones de pesos para las jurisdicciones del interior, equivalentes a unos 2.000 millones de dólares.

La composición del precio del combustible refleja la magnitud del desvío. Con un valor promedio de $2.000 por litro de nafta, unos $932 corresponden a impuestos. De ese total, alrededor de $830 quedan en manos de la Nación a través del IVA, el impuesto a los débitos y créditos y los gravámenes específicos sobre los combustibles. Las provincias reciben directamente apenas $60 (equivalentes al 3% de Ingresos Brutos) y los municipios, $42 por sus tasas.

Sin embargo, el conflicto central no se limita a la distribución en el surtidor. Una parte sustancial de los fondos que la ley asigna para financiar infraestructura provincial no se ejecuta en los destinos previstos y termina siendo absorbida por el Tesoro Nacional.

Lo que establece la ley

Según la legislación vigente, la recaudación del impuesto a los combustibles debe distribuirse de la siguiente manera: 28,69% al sistema de seguridad social; 28,58% al Sistema de Infraestructura de Transporte (obras viales y Sisvial); 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% a la Nación; 10,40% directamente a las provincias; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; y 2,55% a Compensación del Transporte Público (subsidios).

En términos concretos, el 60,91% del componente tributario debe ser invertido en las provincias, ya sea mediante transferencia directa o financiamiento para obras públicas, viviendas y subsidios. No obstante, la Nación se apropia de ese dinero y solo coparticipa lo que corresponde al IVA.

El año pasado, la recaudación de este gravamen alcanzó casi 5 billones de pesos. A las provincias les deberían haber correspondido unos $540.000 millones en forma directa y más de 2 billones por financiamiento de obras en sus distritos.

Caída del consumo y aumento de la recaudación

El impuesto a los combustibles es el único tributo que creció en lo que va del año, en contraste con la caída generalizada de la recaudación (los derechos de exportación bajaron un 40,2% y el IVA un 13,6%). La recaudación por combustibles líquidos aumentó un 18,8% en el primer bimestre.

Este incremento no responde a un mayor consumo —las ventas marcaron su peor registro desde 2021 con una caída interanual del 1,7%— sino a la actualización constante de las alícuotas. Esta decisión del Gobierno busca compensar la pérdida de ingresos tras el fin del Impuesto PAIS, utilizando el tributo al combustible como herramienta de ajuste fiscal que termina castigando al consumidor y a las provincias.

Impacto en las rutas: deterioro crítico y riesgo vial

El área más perjudicada por esta retención es la infraestructura vial. Informes legislativos recientes denuncian que la Nación no transfirió más de $1,16 billones que debían girarse al Sistema Vial Integrado entre 2024 y los primeros meses de 2026.

Según datos de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo. La falta de presupuesto paralizó el bacheo, la repavimentación y el mantenimiento de banquinas y señalización.

Este abandono tiene dos consecuencias graves. Por un lado, la falta de mantenimiento dispara los índices de siniestralidad. En provincias como Río Negro o Neuquén, organizaciones de seguridad vial han reportado incrementos alarmantes en la cantidad de accidentes fatales sobre los corredores nacionales más deteriorados. Por otro lado, los especialistas en infraestructura advierten que por cada peso que el Estado ahorra hoy en mantenimiento preventivo, deberá gastar entre tres y cinco veces más en el futuro para reconstruir vías completamente arruinadas. Además, las rutas rotas encarecen los costos logísticos para las economías regionales.

Denuncias formales y tensión internacional

Informes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) ya habían señalado los desvíos. En 2025, Vialidad Nacional debió recibir $2,25 billones de presupuesto, pero percibió apenas $1,2 billones. Esa diferencia multimillonaria nunca se aplicó a su destino original.

En este contexto, los intendentes que se movilizaron esta semana a las puertas del Ministerio de Economía advirtieron sobre graves irregularidades y no descartaron avanzar con una denuncia judicial penal si no obtienen respuestas de la administración del ministro Luis Caputo.

Para agravar el panorama, el conflicto en Medio Oriente impulsó el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, lo que derivó en aumentos de entre el 15% y el 21% en los combustibles durante el último mes.