El crudo Brent cotizó en 88 dólares por barril, un valor que se ubica 21% por encima del registrado a finales de febrero, momento en que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pese a esa caída respecto de picos anteriores, el Gobierno de Javier Milei no prevé trasladar esa disminución a los surtidores.

Fuentes vinculadas al sector descartaron cualquier modificación a la baja en los precios de las naftas y el gasoil que siga la curva descendente del petróleo internacional. Según estimaciones privadas, una reducción significativa en el mercado local solo podría ocurrir si el Brent descendiera de manera marcada, aproximadamente un 32%, hasta situarse en torno a los 60 dólares por barril. Ese escenario es considerado poco probable en el corto plazo debido a los daños en la infraestructura de Medio Oriente y las dificultades para recuperar los niveles de producción.

El Ejecutivo nacional, mientras tanto, analiza una serie de variables antes de definir cualquier ajuste una vez que expire el congelamiento dispuesto para evitar su efecto inflacionario en el índice de abril. Entre esos factores se encuentran la evolución del tipo de cambio, la carga impositiva, el valor local del barril y las decisiones comerciales de YPF.

Actualmente, los precios internos continúan alineados a un barril cercano a los 90 dólares, y las empresas petroleras buscan recuperar parte del atraso acumulado en los últimos meses. Las refinadoras evalúan incluso aplicar herramientas de cobertura, como el seguro de precio o “hedge”, que les permita compensar pérdidas cuando el valor internacional baja.

Uno de los elementos estructurales que explican la rigidez a la baja es la carga tributaria. De acuerdo con un relevamiento de Focus Market, el 46,6% del precio final que paga el consumidor corresponde a impuestos: 41,5 puntos porcentuales van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios. Esa distribución de ingresos fiscales ayuda a comprender por qué las subas se trasladan con rapidez al surtidor, mientras que las bajas no tienen el mismo automatismo.

La política de precios implementada por la petrolera estatal, sumada a la decisión del Gobierno de suspender el aumento programado en el impuesto a los combustibles y la autorización de un mayor corte con bioetanol en la refinación, amortiguó parcialmente la repercusión de las subas internacionales en los precios locales. El titular de IARAF, Nadin Argañaraz, había estimado que, de haberse trasladado el impuesto suspendido al surtidor, el litro de nafta súper habría llegado a 2.250 pesos en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde que el estrecho de Ormuz quedó envuelto en las hostilidades, los combustibles como la nafta y el gasoil acumularon incrementos del 23%, aunque la brecha con la paridad de exportación se ubicó en el 15%. En la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las naftas y el gasoil tienen un peso cercano al 3,8%, lo que implica que por cada aumento del 10% en los surtidores, el impacto directo sobre la inflación es de aproximadamente 0,38 puntos porcentuales.

Esa es precisamente la razón que llevó al Gobierno a aplicar un congelamiento por 45 días: evitar echar más combustible a la curva ascendente de los precios generales. El encarecimiento de la energía ya repercutió en toda la cadena logística, elevando los costos de transporte y distribución, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios.

En ese contexto, el Ejecutivo tampoco estaría interesado en que ahora se reduzcan los precios de los combustibles, a sabiendas de que la cultura inflacionaria argentina no permite retrotraer los precios ya trasladados al resto de la economía. Los combustibles, que ya venían siendo incrementados con anterioridad en el país, sumaron en consecuencia aumentos superiores a la inflación: hasta 63,6% en el último año, casi duplicando el ritmo de crecimiento de los precios generales de la economía, que fue del 33,1%.