El Gobierno nacional formalizó esta semana la eliminación de 906 prestaciones que ofrecía el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el marco de una política de ajuste sobre el organismo que se viene aplicando desde 2024. La medida quedó establecida mediante la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y fue explicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como una respuesta a la escasa demanda de esos servicios.

Entre las prestaciones suprimidas se encuentran ensayos microbiológicos fundamentales para la seguridad alimentaria, como la detección de Salmonella, Escherichia coli y Listeria, así como el control de contaminantes del tipo micotoxinas. También se eliminaron análisis de calidad de agua y efluentes, que incluían la medición de potabilidad, metales pesados y compuestos orgánicos. Otro de los rubros afectados es el de metrología y calibración de instrumentos, como termómetros, prensas y equipos electrónicos.

La resolución alcanza además a ensayos para la industria de la construcción, pruebas de seguridad eléctrica y electrónica, control de combustibles (naftas y gasoil) y componentes de seguridad en el transporte, incluyendo ascensores y sistemas automotrices.

Desde el INTI, fuentes internas señalaron que estos ensayos no eran servicios aislados, sino que formaban parte de capacidades técnicas utilizadas en procesos más complejos, como la asistencia tecnológica a empresas, el desarrollo de nuevos productos y la ayuda para que firmas locales accedieran a mercados externos.

La versión preliminar de la resolución, que circuló antes de su publicación oficial, ya había generado un fuerte rechazo sindical. Hubo movilizaciones en los alrededores de la sede del INTI en Villa Martelli, donde trabajadores y representantes gremiales expresaron su malestar y advirtieron sobre las consecuencias laborales y técnicas de la decisión.

El texto oficial sostiene que “una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada”. Bajo ese argumento, el Gobierno considera que mantener esas prestaciones implica un uso subóptimo de recursos estatales, ya sea porque no son requeridas o porque pueden ser provistas por empresas del sector privado.

En diálogo con este medio, empleados del INTI manifestaron que desde la asunción del presidente Javier Milei existe una intención de reducir y redefinir el rol del organismo, un proceso que califican como un desmantelamiento. Según esas fuentes, la resolución podría derivar en más de 700 despidos o retiros voluntarios, en línea con una política general de achicamiento del Estado.

Horas después de la publicación, el ministro Sturzenegger salió a defender la medida. Afirmó que muchos de los servicios eliminados “no tenían suficiente demanda” y que se trata de prestaciones que puede ofrecer el sector privado. Según su visión, varios de esos servicios no revestían la condición de bienes públicos ni requerían una especificidad técnica particular. Puso como ejemplo las pruebas de durabilidad de productos, que a su criterio podrían realizar empresas del mercado.

Sturzenegger agregó que el INTI ofrecía algunos servicios a precios muy bajos, lo que implicaba un subsidio indirecto de los contribuyentes a ciertas empresas. Ilustró su punto con el caso del control de expendio de surtidores de combustibles: dijo que “un 12% de la planta del instituto hacía ese test” y que los costos asociados —viáticos, transporte— convertían esa prestación en un beneficio para las petroleras financiado por el Estado. El ministro argumentó que la medida libera actividad para el sector privado y evita que los clientes queden “atrapados” en el INTI por falta de alternativas, situación que, según él, limitaba el desarrollo del mercado.

El INTI cuenta actualmente con aproximadamente 2300 empleados y más de 250 reparticiones. En 2023, antes del inicio de la gestión actual, la planta laboral ascendía a 3100 trabajadores. El Gobierno señaló que cerca del 20% de los departamentos del organismo cumplen funciones que califica como “puramente administrativas”, lo que justificaría los recortes.

En 2025, la administración intentó transformar al INTI en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que habría implicado la pérdida de su autonomía y autarquía financiera, así como la disminución del carácter federal del organismo. Ese proyecto fue revertido por la Justicia.

Ante la medida vigente, los trabajadores del INTI convocaron a una conferencia de prensa para el próximo martes 21 de abril a las 10 de la mañana. Se espera la participación de personalidades del ámbito de la ciencia, la educación, representantes políticos y sindicales.

La eliminación de servicios por parte del Estado reabre el debate sobre la definición de las funciones estratégicas que deben estar en manos públicas frente a la provisión privada de ciertos ensayos y calibraciones. La resolución y las reacciones que generó evidencian las tensiones entre la búsqueda de eficiencia administrativa, la protección del empleo público y el mantenimiento de capacidades técnicas en organismos con impacto en salud pública, producción y comercio exterior.