El gobierno de la provincia de Tucumán decidió desistir de manera definitiva de tres procesos de expropiación de tierras que estaban destinados a megaproyectos de infraestructura en las áreas de logística, vivienda y energía. La decisión, formalizada esta semana mediante decretos oficiales, responde a la falta de remesas de fondos desde el gobierno nacional para ejecutar las obras, cuya inversión combinada superaba ampliamente los 500 millones de dólares.

Los decretos fueron instrumentados a través de la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone de Valls, y contaron con la intervención de los ministerios de Obras Públicas e Infraestructura (conducido por Marcelo Nazur) y de Economía y Producción (encabezado por Daniel Abad). El Ejecutivo provincial buscará ahora recuperar las sumas millonarias que ya había depositado en el marco de los juicios, una vez que se cubran los gastos generados por cada litigio.

Si bien la administración de Osvaldo Jaldo logró mantener en marcha algunas obras anunciadas con anterioridad —como el Procrear transferido por la Nación o la repavimentación de la ruta 307—, no existen antecedentes recientes de una marcha atrás de esta magnitud en expropiaciones que ya estaban en curso. Desde el punto de vista técnico, el gobierno se respalda en que aún no se habían dictado sentencias firmes, por lo cual “no se perfeccionó la adquisición del dominio”. Más allá del argumento legal, la verdadera causa de la cancelación es la ausencia de financiamiento federal.

Los tres proyectos frustrados son los siguientes:

El puerto seco de Cevil Pozo que nunca despegará

El Centro de Transferencia Multimodal de Cargas había sido concebido como un “puerto seco” para potenciar la conectividad regional. La idea original surgió en 2014, durante el Plan Quinquenal del entonces gobernador José Alperovich, y fue retomada con fuerza en la gestión de Juan Manzur. El proyecto, ubicado en las cercanías del aeropuerto Benjamín Matienzo, contemplaba oficinas de Aduana, espacios de estacionamiento para camiones, galpones ferroviarios y una zona franca integral.

La obra requería un terreno de 120 hectáreas en el departamento Cruz Alta, propiedad del empresario Emilio Salvador Luque, y estaba valuada en más de 300 millones de dólares. Mediante el decreto 564/1 (FE), la Provincia desistió del proceso judicial. En octubre de 2024, un fallo de primera instancia había condenado al Estado a pagar 1.313 millones de pesos. Luego de apelaciones, la Cámara Civil y Comercial Común modificó en septiembre de 2025 el monto indemnizatorio a 910 millones de pesos, una resolución que aún esperaba tratamiento en la Corte Suprema de Tucumán.

Informes oficiales advirtieron que continuar con la expropiación demandaría hoy una erogación cercana a los 5.500 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar para una obra que ya no figura en los presupuestos vigentes.

La estación transformadora “El Espinillo” que iba a aliviar la red eléctrica

En diciembre de 2021, la Legislatura había declarado de utilidad pública casi 80 hectáreas en El Chañar (departamento de Burruyacu) para construir la “Nueva Estación Transformadora de Extra Alta Tensión y Vínculos en 132 KV”. La obra, proyectada bajo la línea de 500 KV “Cobos”, prometía resolver los graves problemas energéticos de la Capital, la zona norte y hasta provincias vecinas, aliviando a la estación El Bracho, que operaba al 90% de su capacidad instalada.

El plan, elaborado por organismos nacionales, beneficiaría a 255.000 clientes residenciales y 12.410 comerciales en San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Sin embargo, el decreto 563/1 (FE) frenó el juicio en curso (“Provincia de Tucumán c/Cerro María Fernanda y otra s/Expropiación”). En marzo de 2025, una sentencia transfirió el dominio y ordenó un pago de 1.000 millones de pesos —actualizado a casi 1.400 millones en marzo de 2026— pero la obra nunca comenzó.

La Dirección de Energía informó que la ejecución del proyecto superaría hoy los 100 millones de dólares y que el Gobierno nacional paralizó todas las obras destinadas al transporte de energía. Ante la improbabilidad de conseguir semejante caudal económico a corto plazo, el Ejecutivo resolvió dar de baja la acción judicial.

Las 650 viviendas de Alderetes que no serán construidas

El tercer proyecto cancelado preveía la construcción de un complejo habitacional de 650 viviendas y una escuela en la localidad de Los Gutiérrez, dentro del municipio de Alderetes. En 2021, la Legislatura sancionó la expropiación de tres inmuebles, argumentando el incesante crecimiento poblacional de la zona. Todo estaba enmarcado en el programa nacional “Casa Propia-Construir Futuro”, impulsado por el extinto Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

A través del decreto 565/1 (FE), se detalló que en el marco del juicio contra la Compañía Azucarera Concepción S.A., el Estado había autorizado una orden de pago por 483 millones de pesos e incluso había entregado la posesión de los terrenos al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU). No obstante, la causa quedó estancada en la etapa de prueba, a la espera de la tasación final.

Un informe oficial de julio de 2025 fue contundente: el proyecto habitacional nunca pasó de la etapa de anteproyecto, no existe ningún proceso licitatorio en marcha y los fondos que debía enviar la Nación nunca llegaron. Ante la falta de disponibilidad financiera, y con 1.800 viviendas ya en plena ejecución en el resto de la provincia (500 de ellas correspondientes al plan Procrear), el gobierno decidió desistir del trámite por razones de eficiencia fiscal.