La suspensión de operaciones en la planta Snack Cracks, ubicada en la ciudad de Concepción, volvió a generar preocupación en el sur de Tucumán. El conflicto, que combina quejas de vecinos, requisitos técnicos y decisiones administrativas sin resolución, mantiene a la empresa sin producción y pone en vilo más de 70 fuentes laborales.

La clausura fue ordenada por el municipio local. El establecimiento, perteneciente al empresario Juan Pablo Romero, ya había sufrido una medida similar en el pasado. En aquella ocasión, según fuentes cercanas al expediente, se le exigió la incorporación de un sistema de filtrado para mitigar los olores derivados de la elaboración de los productos.

Desde la compañía afirman que realizaron la inversión necesaria para cumplir con ese requerimiento. Sin embargo, sostienen que no se les permitió poner en marcha el nuevo equipo antes de que se dictara una nueva clausura, esta vez sin un plazo definido para su revocación.

La falta de respuestas concretas aceleró la escalada del conflicto. En los últimos días, el caso llegó a la Dirección de Comercio Interior, donde el funcionario Manuel Canto tomó intervención. Canto mantuvo una reunión con Romero y su abogado, Franco Lucena. Tras ese encuentro, surgió la necesidad de establecer un canal de diálogo con autoridades municipales y concejales para buscar una salida que permita reactivar la fábrica.

Lo que comenzó como un problema acotado a Concepción ya trasciende el ámbito local y despierta inquietud en niveles superiores del Gobierno tucumano. De acuerdo con versiones no oficiales, la situación podría ser analizada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado. El trasfondo es claro: la preservación del empleo en el interior de la provincia se ha convertido en una prioridad política.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores y vecinos de Concepción. El conflicto no solo mantiene paralizada a la empresa, sino que también despertó el interés de otras localidades del sur tucumano. Esas ciudades ya evalúan la posibilidad de atraer la inversión si la firma decide relocalizarse.

El caso Snack Cracks expone una tensión de fondo: cómo equilibrar los controles regulatorios con la necesidad de sostener la actividad productiva. La falta de acuerdos y definiciones claras ya tiene consecuencias directas sobre el empleo y el desarrollo económico de la región.