Una investigación interna de la Caja Popular de Ahorros reveló pagos irregulares por siniestros laborales en su ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que comprometen el patrimonio de la institución y ponen en evidencia graves fallas de control durante la gestión anterior.

Según documentos a los que tuvo acceso el portal El Tucumano, la entidad abonó 11.293.220,48 pesos a Santiago Tomás Basualdo, jugador del Club Atlético San Martín, por una lesión de rodilla sufrida en mayo de 2024. El pago se realizó pese a que el futbolista no contaba con cobertura de la ART de la Caja Popular, tal como lo confirmó bajo declaración jurada el actual presidente del club, Oscar Mirkin.

La Asesoría Letrada de la institución, a cargo en ese momento de Patricia Neme, emitió en mayo de 2025 un dictamen en el que no encontró "objeciones de tipo legal" para autorizar la indemnización. No se verificó la existencia de póliza, ni se consultó al club ni se exigió la documentación que acreditara la cobertura. El pago se concretó sin mayores trámites.

Un informe interno de noviembre de 2025 ya advertía sobre la "catástrofe judicial" que se avecinaba por la falta de controles en los expedientes de siniestros. Pese a ello, la misma Asesoría Letrada recomendaba avanzar con otro pago millonario: 450 millones de pesos en favor del jugador Arregui, también sin póliza vigente.

La nueva conducción de la Caja Popular presentó el lunes 6 de abril una denuncia penal por estas irregularidades. La investigación periodística que alertó sobre el posible pago a Arregui se había publicado días antes.

En el centro de la controversia aparece Rubén Bautista Moisello, quien simultáneamente presidía San Martín —club vinculado históricamente a La Bancaria— y ocupaba el cargo de Coordinador General del Casino de Tucumán, el principal activo económico de la Caja. Moisello renunció a su empleo en la institución a principios de febrero de 2026, poco después de dejar la presidencia del club.

Durante años, la Caja Popular —a través de PopulART— tuvo la obligación de cubrir a más de 141.000 empleados estatales como ART obligatoria. En 2021, la propia entidad había denunciado penalmente a abogados que representaban a familias de trabajadores fallecidos por COVID-19, acusándolos de defraudación. Ahora, los documentos internos muestran que bajo otra administración se aplicaron criterios notablemente más laxos cuando los beneficiarios eran jugadores de fútbol.

La falta de verificación elemental —la existencia misma de la póliza— permitió el pago a Basualdo y estuvo a punto de consumarse un desembolso mucho mayor. La actual gestión busca ahora esclarecer responsabilidades y recuperar los fondos públicos comprometidos.